Quieren que la Policía de Corrientes use armas "no letales": de dónde saldría la plata

El diputado provincial Ricardo Caíto Leconte, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para que la Policía y el Servicio Penitenciario de Corrientes incorporen armas de letalidad reducida. La iniciativa ya tomó estado parlamentario y tiene un punto que despertó polémica: el dinero para comprar los equipos saldría de partidas hoy destinadas a programas de perspectiva de género y diversidad.

Se trata del Expediente Nº 20.440, que ingresó en la sesión del miércoles 23 de septiembre. La Cámara lo giró a las comisiones de Seguridad y Servicios Penitenciarios, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con preferencia para tratarlo en el recinto dentro de las próximas tres sesiones.

Qué armas y cuántas

En el recinto, Leconte planteó que los agentes enfrentan una disyuntiva extrema. “Todos sabemos que cuando las fuerzas se encuentran ante una situación de violencia tienen dos alternativas: no sacar el arma o sacar el arma inmediatamente”, dijo, y aseguró que eso los deja en una situación de incertidumbre y expuestos a sumarios. Por eso pidió una “alternativa intermedia”: pistolas de electrochoque, lanzadores de impacto cinético, agentes químicos y otros dispositivos de letalidad reducida.

El proyecto dispone que el Ministerio de Seguridad homologue y provea esos equipos de forma progresiva. También fija metas para cumplir en 365 días corridos: 1.000 lanzadores de puño y 500 de hombro para la Policía, propulsados por aire comprimido o dióxido de carbono; y 100 y 50, respectivamente, para el Servicio Penitenciario. El Poder Ejecutivo tendría 30 días desde la sanción para reglamentar la norma.

Los fundamentos aclaran que estas armas no reemplazan ni limitan el uso del armamento letal ante un peligro inminente. “Complementan la fuerza, no atan las manos del efectivo”, argumentó Leconte.

El punto que más ruido hace: de dónde sale el dinero

El artículo 9 es el que concentra la atención política. Allí se establece que los fondos provengan de las partidas de los programas de perspectiva de género y diversidad, y se autoriza al Ejecutivo a hacer las readecuaciones presupuestarias que sean necesarias.

En redes sociales, el diputado sostuvo que la compra se financia reasignando recursos existentes “sin aumentar el gasto público”. Durante la sesión, en cambio, afirmó que se trata de partidas “que todavía no han sido indicadas en qué se ha gastado”.

Cámaras, geolocalización y respaldo al agente

La propuesta incluye un sistema de transparencia operativa con cámaras corporales, cámaras en patrulleros y geolocalización satelital integrada al 911. Los registros se guardarían en un sistema centralizado ajeno a las dependencias policiales: 30 días para actuaciones rutinarias y conservación indefinida cuando se documente el uso de la fuerza o de armas.

Apagar o manipular esos dispositivos sería una falta disciplinaria gravísima. Los fundamentos definen la tecnología como “el escudo documental más poderoso del buen servidor público”. A la vez, el artículo 3 reconoce una presunción de legitimidad para el personal que actúe conforme a la ley, salvo prueba en contrario surgida de un proceso judicial.

Los fundamentos también apuntan contra otros proyectos que, según el texto, dicen facilitar el uso de la fuerza pero esconden mecanismos que terminan en “sanciones y humillaciones al policía que pretende cumplir con su deber”.

El espejo nacional

Leconte se apoya en las resoluciones nacionales 125/2024 y 704/2024. La segunda, firmada por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y publicada el 26 de julio de 2024, aprobó el reglamento para el empleo de armamento no letal en las fuerzas federales, con pistolas de descarga eléctrica y municiones con sustancias irritantes. Organismos de derechos humanos, como el Cels, cuestionaron esa medida y advirtieron que este tipo de armas puede ampliar el uso de la fuerza policial.

Ya había un antecedente en Corrientes

El tema no es nuevo en la Cámara provincial. El expediente 20.154, impulsado por los diputados Emiliano Fernández Recalde y Cecilia Gortari, entre otros, plantea un protocolo para el empleo de armas de fuego por parte de la Policía e impulsa incorporar armas menos letales.

Qué sigue

Con la preferencia ya fijada, las dos comisiones deberán analizar el expediente antes de que vuelva al recinto. El debate de fondo pasará por el equilibrio entre las herramientas que reciben los agentes, los controles sobre el uso de la fuerza y el origen de los fondos.