Quieren que la Provincia se meta en la causa contra Sea Lion
Todos esperaban que la Provincia mirara de afuera el avance petrolero en Malvinas, y pasó lo contrario: un legislador quiere meter a Tierra del Fuego en la causa contra Sea Lion. Lo que está en juego, adentro.
Un proyecto presentado en la Legislatura fueguina busca que el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado intervengan formalmente en la causa judicial contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.
La iniciativa del legislador Matías Lapadula apunta a que Tierra del Fuego asuma un rol institucional en el expediente, al considerar que están en juego intereses soberanos, territoriales, ambientales y patrimoniales de la Provincia.
El origen de la demanda
La causa a la que se quiere sumar la Provincia fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) ante la Justicia Federal de Río Grande. Se trata de una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva.
La demanda busca frenar el emprendimiento proyectado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, y pide suspender obras, perforaciones, actividades y el financiamiento vinculado a Sea Lion.
Los fundamentos del proyecto
Lapadula sostiene que la Ley de provincialización establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur integran Tierra del Fuego. Bajo esa definición, la infraestructura terrestre y logística prevista en Puerto Argentino y las instalaciones marítimas del proyecto involucran territorio y espacios marítimos que corresponden a la Provincia.
También cita el artículo 81 de la Constitución fueguina, que declara de dominio provincial los recursos naturales y los existentes en el mar adyacente y su lecho, junto con las normas sobre el derecho a un ambiente sano.
Otro de los argumentos es que Sea Lion avanzaría sin la Evaluación de Impacto Ambiental y el Certificado de Aptitud Ambiental que exigen las normas argentinas, uno de los ejes centrales de la demanda original.
Qué se le pide al Ejecutivo
La resolución requiere que el Ejecutivo y la Fiscalía intervengan como amicus curiae, tercero interesado o mediante otra figura procesal que consideren conveniente. Esa primera alternativa permitiría a la Provincia aportar argumentos jurídicos e información técnica sin convertirse necesariamente en parte del litigio.
Además, pide que el Gobierno ponga a disposición de la Fiscalía y eventualmente del Juzgado Federal la información técnica y administrativa sobre la Ecorregión Islas del Atlántico Sur y las obras de Sea Lion.
El Ejecutivo y la Fiscalía deberán informar a la Legislatura, dentro de los 30 días de notificados, qué medidas adoptaron.
La causa no se limita al plano ambiental: los demandantes también buscan alcanzar el esquema financiero del emprendimiento mediante comunicaciones a organismos regulatorios y mercados internacionales, e identificar bancos, fondos, aseguradoras y otras entidades vinculadas con su financiamiento.
