Quieren que las separaciones en Santa Cruz pasen primero por un mediador: el cambio que ya analizan

En Santa Cruz, un proyecto de ley busca que las familias en conflicto tengan que sentarse con un mediador antes de pisar un juzgado. La iniciativa está en la Cámara de Diputados y propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial provincial para incorporar la mediación judicial obligatoria en los procesos de familia.

El objetivo oficial, según explicó la Cámara, es agilizar los tiempos de resolución mediante el diálogo y bajar la cantidad de causas que ingresan a los tribunales. No se trata de que las partes lleguen sí o sí a un acuerdo: lo obligatorio sería pasar por la instancia de mediación prevista en el régimen.

Qué propone el proyecto

La iniciativa lleva el número 221/2026 y fue presentada por la diputada provincial Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz. La propuesta busca que, antes de que un conflicto familiar siga su curso judicial tradicional, las partes intenten encontrar una solución con la intervención de un mediador.

Hoy una separación puede derivar en un litigio que se extiende durante meses o incluso años, sobre todo cuando hay hijos en común y no existe acuerdo entre las partes. Abogados, juzgados y distintos organismos entran en juego y el proceso se vuelve complejo.

No es la primera vez que se discute

La discusión sobre mediación no es nueva en la provincia. En 2024, la propia Nieto había impulsado un proyecto general para incorporar esta herramienta. En aquel momento explicó a Radio Nuevo Día cuál era la característica central de aquella propuesta: "Se trata de una instancia voluntaria", había dicho la legisladora sobre el sistema que pretendía implementar.

El texto que ahora se analiza para los procesos de familia introduce un elemento diferente: establece la obligatoriedad de la mediación judicial para los casos comprendidos. Ese es el punto que vuelve relevante el proyecto para cualquier santacruceño que atraviese un conflicto familiar judicializado.

Para qué serviría

La intención expresada oficialmente es evitar que todos los conflictos terminen transitando directamente por procesos judiciales extensos. Una mediación permite que las partes participen de una instancia de diálogo conducida por una persona capacitada e imparcial.

Si existe acuerdo, determinados conflictos pueden resolverse sin atravesar todas las etapas de un proceso contencioso. Si no lo hay, la controversia puede continuar por los mecanismos judiciales correspondientes. Para sus impulsores, el efecto sería doble: respuestas más rápidas para las familias y menos expedientes para los juzgados santacruceños.

Todavía no rige

Hay una aclaración fundamental: la mediación obligatoria en procesos de familia todavía no rige en Santa Cruz. El proyecto sigue siendo analizado en la Legislatura. El último movimiento oficial informado por la Cámara se produjo en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Allí, Nieto solicitó que fueran convocadas las abogadas mediadoras Alicia de Rivas y Analía Pérez, de Caleta Olivia, para participar virtualmente y aportar su opinión profesional sobre la iniciativa. El objetivo es continuar con el análisis antes de que el texto pueda avanzar hacia una eventual sanción.

Los límites que faltan definir

La iniciativa toca uno de los ámbitos más sensibles de la Justicia. Los procesos familiares involucran relaciones personales y, en muchos casos, decisiones que repercuten directamente sobre niños y adolescentes.

Por eso, uno de los aspectos centrales que deberá quedar claramente delimitado durante el tratamiento legislativo es qué tipos de procesos familiares estarán alcanzados por la obligatoriedad y cuáles deberán quedar excluidos de una instancia de mediación, especialmente frente a situaciones en las que exista violencia o una marcada desigualdad entre las partes.

Esos límites resultan particularmente importantes porque una mediación supone que las personas puedan participar y negociar en condiciones adecuadas. El proyecto N° 221/2026 sigue actualmente dentro de la Cámara de Diputados. Si avanza y es aprobado, Santa Cruz podría modificar la manera en que una parte de los conflictos familiares comienza a transitar por la Justicia.