Quieren que los funcionarios de Pico Truncado se hagan controles de drogas: qué pasa si dan positivo

La iniciativa del concejal Carlos Moron para que los funcionarios municipales de Pico Truncado se sometan a exámenes toxicológicos avanza en el Concejo Deliberante y se tratará en la sesión de mañana. El proyecto busca terminar con una situación que, según el edil, genera un manto de sospecha en la comunidad.

El detonante fue la decisión del Ejecutivo municipal, tras el cambio de gestión en 2023, de despedir a 18 trabajadores municipales por consumo de drogas, legales e ilegales, luego de un seguimiento que se extendió durante varios meses.

Para Moron, esa medida resultó injusta: ningún funcionario público, en ningún nivel del Estado, se somete a controles toxicológicos estrictos, mientras que a los empleados de planta sí les hacen pruebas. “A los empleados municipales les hacen alcoholemia y algunas pruebas de estupefacientes, pero no así los cargos electos y los cargos políticos que son designados”, explicó a TiempoSur.

Qué establece el proyecto de ordenanza

La iniciativa, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, exige la presentación obligatoria de un certificado negativo de drogas ilegales y alcohol al momento de asumir el cargo, además de controles periódicos, aleatorios y sin previo aviso.

Para garantizar transparencia, se crearía la Comisión Municipal de Control y Transparencia Toxicológica, integrada por concejales de todos los bloques, representantes del Departamento Ejecutivo, del sindicato ATE, del Consejo de Pastores Evangélicos (COPAE) y del cura párroco local. Los análisis se harían bajo estrictos protocolos de confidencialidad, amparados en la Ley Nacional de Protección de los Datos Personales.

El proyecto contempla sanciones para quienes resulten positivos o se nieguen a hacerse la prueba: suspensión preventiva sin goce de haberes y 48 horas para pedir una contraprueba con perito de parte. Si se confirma el resultado, el funcionario podría ser cesado o se activaría el procedimiento de revocación de mandato. Los costos de los exámenes los pagaría cada funcionario.

La expectativa por la sesión de mañana

Moron reconoció que el proyecto estuvo casi un año frenado y que al principio encontró resistencia de los concejales alineados al Ejecutivo. Sin embargo, el “escarnio social” y el interés de la gente hicieron que cambiaran de postura. “El proyecto tuvo un impacto social positivo, a la gente le interesó la propuesta”, aseguró.

El edil también mencionó que en la comunidad existe una “sensación de alto consumo”, no solo entre trabajadores municipales, sino también en el ámbito del petróleo y la minería. “Este es un mensaje a la comunidad de que somos todos iguales ante la ley”, cerró.