Quieren que más trabajadores de Salud se jubilen a los 55: el detalle que nadie pudo calcular

Un proyecto de ley que ingresó la semana pasada a la Legislatura de Tierra del Fuego busca que muchos más trabajadores de la salud puedan acceder a la jubilación con 55 años de edad y 25 de servicios, pero llega sin un dato clave: cuántas personas se sumarían al beneficio ni cuánto le costaría a la Caja de Previsión Social.

La iniciativa la firma el legislador Damián Löffler, del bloque Movimiento Popular Fueguino (MPF), y apunta a reemplazar el artículo 35 ter de la Ley Provincial 561, que hoy regula el régimen jubilatorio diferencial para el sector sanitario.

Quiénes podrían jubilarse antes

La norma vigente alcanza a profesionales de la salud, técnicos y auxiliares de enfermería que atienden pacientes de forma directa en hospitales y centros de atención primaria, además del personal del Área Médico Forense. El texto de Löffler cambia ese criterio y amplía el universo a todo el personal del llamado Escalafón Húmedo que se desempeñe en hospitales, CAPS, centros de salud y otros establecimientos públicos asistenciales de la Provincia, los municipios o las comunas.

La ampliación incluye de manera explícita al personal administrativo del escalafón que trabaje en esos lugares, pero deja afuera a quienes cumplan funciones exclusivamente en oficinas centrales u otras dependencias administrativas.

Para jubilarse con el régimen diferencial habrá que cumplir tres requisitos: tener 55 años, acreditar 25 años de servicios computables y sumar un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.

El guiño a quienes trabajaron en la pandemia

El proyecto incorpora un reconocimiento para quienes durante 2020 hicieron atención directa al público o tareas vinculadas al funcionamiento de establecimientos sanitarios afectados por el COVID-19. Para ese período, cada año trabajado se computará como dos a la hora de completar los 25 años de servicios.

Ese cómputo especial no servirá para acreditar los 20 años de aportes efectivos ni implicará duplicar aportes personales o contribuciones patronales. La iniciativa tampoco contempla diferencias retroactivas ni aportes extraordinarios para quienes se incorporen al régimen.

Una emergencia que sigue vigente

El debate se abre mientras el sistema previsional continúa formalmente en emergencia. En diciembre de 2025, la Legislatura prorrogó por dos años, desde el 1° de enero de 2026, las principales medidas de sustentabilidad que rigen desde 2020. La votación fue unánime: 14 legisladores presentes la acompañaron, entre ellos el propio Löffler y su par de bancada Pablo Villegas, Laura Colazo (Partido Verde), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Tomás García y Juan Carlos Pino (PJ), Natalia Graciania, Luciano Selzer (LLA), Federico Greve, Myriam Martínez y Federico Sciurano (FORJA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen (Somos Fueguinos). Victoria Vuoto (PJ) estuvo ausente.

La legislación de emergencia sostiene que esas herramientas buscan reducir de manera progresiva el déficit financiero y evitar que se comprometa la sustentabilidad de la Caja. En ese marco sigue funcionando el Fondo de Sustentabilidad, que se cubre con aportes adicionales del 15% sobre determinados ingresos de activos y pasivos de mayores ingresos, aportes compensatorios de jubilados y fondos de convenios de pago. Durante la emergencia también rige un aporte extraordinario del 5% para funcionarios políticos y otros cargos alcanzados.

A ese esquema se suma el FOFISP, un fondo creado en 2016 que se financia con una alícuota adicional de Ingresos Brutos, hoy del 4% para las actividades alcanzadas, y cuyos recursos tienen afectación específica al sistema previsional. En los primeros siete meses de este año recaudó más de $12 mil millones y, desde su creación, acumula en valores constantes más de $100 mil millones. A diferencia de las herramientas sujetas a la emergencia, el FOFISP no tiene fecha prevista de vencimiento.

El proyecto fundamenta el cambio en las condiciones particulares del trabajo sanitario y en el reconocimiento a quienes prestaron servicios durante la pandemia. Queda pendiente, eso sí, el dato que permitiría dimensionar la propuesta: cuántos nuevos beneficiarios incorporaría y qué costo tendría para la Caja.