Quieren que opinar en redes te cueste hasta 20 millones: la advertencia de una diputada
Un proyecto que avanza en Jujuy quiere que las opiniones en redes tengan consecuencias legales, y una diputada nacional advirtió que el castigo podría recaer sobre cualquier ciudadano. Lo que se esconde detrás de la iniciativa y el monto que nadie esperaba.
La diputada nacional Bárbara Andreussi, de La Libertad Avanza, salió a cuestionar con dureza un proyecto que avanza en la Legislatura de Jujuy y que, según su mirada, otorga al Poder Ejecutivo un poder discrecional para castigar lo que se publica en redes sociales. La legisladora habló con Radio 2 y advirtió que la iniciativa busca "disciplinar" a la población.
El texto, impulsado por el bloque oficialista, reforma el Código Contravencional provincial. Para Andreussi, la maniobra esconde un objetivo que excede la prevención de la violencia digital.
El disfraz de la Ley Olimpia
La diputada reconoció que la primera parte del proyecto replica los lineamientos de la Ley Olimpia (Ley Nacional N° 27.736), una norma de orden público con alcance federal. Sin embargo, marcó que el problema aparece en otro tramo del articulado.
"La Ley Olimpia es una ley muy completa y de orden público para todo el país. Lo que hace el frente oficialista es presentar un proyecto que en su primera parte es una copia de la Ley Olimpia, pero lo grave es que modifica el Código Contravencional de la provincia de Jujuy, dejando en manos del Poder Ejecutivo la sanción de lo que ellos crean que es violencia digital", afirmó Andreussi.
La legisladora también puso el foco en la estructura del fuero contravencional. Según dijo, tanto la instrucción de las causas como la designación de los jueces dependen en última instancia del Poder Ejecutivo provincial, lo que a su criterio elimina los contrapesos necesarios.
Qué contiene el proyecto que enciende las alarmas
Entre los puntos más resistidos, Andreussi mencionó el artículo 68 bis y la incorporación de figuras ambiguas como "hostigamiento" o "afectación del honor". Su lectura es que esas tipificaciones se superponen con el Código Penal de la Nación.
El proyecto prevé penas de arresto y multas de hasta 100 unidades, un monto que rondaría los 20 millones de pesos. Para la diputada, se trata de sanciones desproporcionadas para conductas cuya interpretación queda a criterio del Ejecutivo o de un juez contravencional.
Otro de los cuestionamientos es la superposición legal: un código contravencional no puede arrogarse el juzgamiento de delitos que ya regula el Código Penal, como calumnias e injurias.
"Es peor que censura, es autocensura"
La diputada nacional fue tajante al describir el efecto que, según ella, tendría la norma si se aprueba.
"Es una ley abiertamente inconstitucional. Pone sanciones de arresto para conductas cuya interpretación está en manos del gobernador o de un juez contravencional designado por él. Para mí es una forma de disciplinar a la población para decirle sobre qué puede opinar y sobre qué no. Es peor que censura, es autocensura", sentenció.
Antecedentes y el plan judicial
Durante la entrevista se recordaron episodios recientes en la provincia vinculados a causas contravencionales y detenciones originadas por publicaciones en la red social X (ex Twitter).
Andreussi anticipó que, si la Legislatura aprueba la ley, buscarán declararla inconstitucional por la vía judicial. No obstante, advirtió sobre las dificultades que ve en los poderes locales para garantizar esa instancia.
"Este proyecto tiene un solo sentido: darle al Poder Ejecutivo las herramientas para encarcelar o sancionar a los ciudadanos por sus dichos en las redes sociales. Lo que plantean sobre prevención de la violencia digital ya está definido en leyes nacionales. No hay que dejarse avasallar", cerró la legisladora.
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