Quieren resucitar la Fiscalía Anticorrupción en Tucumán: qué cambiaría para los ciudadanos

Un grupo de legisladores opositores busca recrear en Tucumán una fiscalía dedicada en exclusiva a perseguir delitos contra el Estado. La propuesta, que se presentó el viernes en la Legislatura, intenta recuperar un esquema que funcionó hace más de dos décadas y que fue disuelto por la Corte Suprema provincial.

La iniciativa impulsada por Manuel Courel (Cambia Tucumán) plantea la creación de una Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), con competencia en toda la provincia. Lo acompañan José Seleme (Avanza Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

Según el proyecto, el nuevo organismo tendría autonomía presupuestaria e independencia funcional. Su misión sería investigar los hechos de corrupción cometidos contra las administraciones provincial, municipales y comunales, con capacidad para reconstruir circuitos financieros, analizar contrataciones públicas, sociedades y evidencia digital.

Quién estaría al frente

La dependencia sería encabezada por un fiscal anticorrupción elegido mediante concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Entre los requisitos, se establece que quien ocupe el cargo no haya trabajado en el Poder Ejecutivo ni haya sido autoridad de un partido político.

La iniciativa también incorpora la figura de la querella colectiva. Si se aprueba, las ONG vinculadas con la transparencia, además de legisladores y concejales, podrían presentarse como querellantes en causas por corrupción.

Courel justificó esa incorporación en los fundamentos del proyecto: sostuvo que estos delitos generan consecuencias que van más allá del perjuicio patrimonial individual. El desvío de fondos, las ventajas indebidas o la manipulación de decisiones públicas pueden afectar el patrimonio estatal, el acceso a bienes y servicios y el funcionamiento de las instituciones, indicó.

El propio legislador sufrió en carne propia los límites de la ley actual: la Justicia le rechazó en dos oportunidades su pedido para actuar como querellante en la denuncia que presentó junto al concejal de Simoca Luis Escobar contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito. La jueza Cecilia Tasquer consideró que no reunían los requisitos por no ser víctimas ni afectados directos.

El antecedente que duró poco

Tucumán ya tuvo una Fiscalía Anticorrupción. Fue creada en mayo de 2000 para investigar delitos contra la administración pública, pero funcionó apenas cinco años. En septiembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió disolverla.

El entonces ministro fiscal Luis de Mitri explicó en su momento que la Fiscalía Anticorrupción tenía unas 400 causas en trámite, mientras que el resto de las fiscalías de Instrucción acumulaban entre 2.500 y 3.000 expedientes cada una. Tras esa decisión, las 10 fiscalías de la Capital quedaron habilitadas para intervenir en toda clase de delitos, incluidos los cometidos contra el Estado. Ahora, el nuevo proyecto propone volver a concentrar esa competencia en un organismo especializado.