Quince años después, dos expolicías irán a juicio por lo que habrían hecho con un revólver en San Lorenzo

La Justicia de Salta movió una pieza clave en uno de los expedientes que rodean el doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Dos exintegrantes de la Brigada de Investigaciones N.º 1 fueron enviados a juicio acusados de falsificar documentos oficiales para respaldar el supuesto hallazgo de un arma que después terminó metida en la causa por el crimen de las ciudadanas francesas.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó este viernes 13 de noviembre que la Unidad Fiscal conformada por María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín fue notificada de la elevación a juicio contra Walter Omar Mamaní y Juan de Dios Solano.

La acusación apunta a lo ocurrido el 4 de agosto de 2011, durante un allanamiento en una vivienda de San Lorenzo. Según la Fiscalía, allí se habría dejado asentado falsamente el hallazgo de un revólver calibre .22.

Quiénes son los dos acusados

Mamaní y Solano pertenecían a la Brigada de Investigaciones N.º 1 al momento del procedimiento cuestionado.

Al primero se le imputa el delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, por dos hechos. La Fiscalía sostiene que participó en la redacción y la firma de documentos oficiales que habrían consignado datos falsos sobre la aparición del revólver.

Solano, en tanto, está acusado como presunto coautor del mismo delito. Era jefe de la División Delitos contra la Propiedad de esa brigada y tenía a su cargo controlar la legalidad del allanamiento.

La investigación busca establecer si ambos introdujeron información falsa en instrumentos públicos y si esa maniobra perjudicó al dueño de la casa al vincularlo con una prueba usada en el expediente del doble homicidio.

Un operativo por un robo que no apareció

Todo empezó con una pesquisa que impulsó el propio Mamaní. Había señalado que elementos robados de una finca habrían sido recibidos y escondidos en esa vivienda de San Lorenzo.

Con ese argumento pidió una orden al entonces Juzgado de Instrucción Formal N.º 2. Autorizada la medida, Mamaní quedó al frente del operativo y Solano supervisó su legalidad.

Los policías no encontraron ninguno de los objetos que habían motivado el allanamiento. Sin embargo, el acta de secuestro y el informe policial dieron cuenta de un revólver calibre .22 enterrado en el jardín, junto a cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin percutar.

Ese supuesto descubrimiento torció el rumbo. Mamaní vinculó el arma con el doble homicidio al señalar una posible compatibilidad con dos proyectiles hallados en la Quebrada de San Lorenzo. El revólver entró al expediente por el crimen y el propietario de la casa quedó sometido a proceso.

La escena que describió el dueño de la vivienda

Raúl Alfredo Sarmiento negó desde el primer momento que el arma fuera suya. Su testimonio es uno de los pilares de la acusación.Según su versión, mientras los efectivos revisaban la casa sin dar con lo que buscaban, vio a un policía cavar un pequeño pozo cerca de una higuera y a otro colocar allí un arma envuelta en un trapo.

En declaraciones reconstruidas por El Tribuno, recordó que en ese momento preguntó: "¿De dónde has sacado esta arma, chango?".

Sarmiento aseguró que nunca había visto ese revólver y cuestionó que lo presentaran como una pieza desenterrada en su propiedad. Testigos civiles del allanamiento respaldaron su relato: coincidieron en que ni el arma ni el trapo tenían rastros de tierra ni señales de haber estado bajo tierra.

La advertencia que encendió las alarmas

La causa también se apoya en un informe del entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo, que había participado en las primeras tareas para esclarecer el doble homicidio.

El 12 de agosto de 2011, Piccolo le planteó al juez de Instrucción una situación que le resultaba sospechosa: los dos proyectiles que Mamaní y otros efectivos habían encontrado en la Quebrada aparecieron en un sector que ya había sido revisado a fondo durante los rastrillajes iniciales.

Ese lugar, explicó, había sido inspeccionado centímetro por centímetro e incluso con un detector de metales, sin resultados. Por eso advirtió sobre la posibilidad de que los proyectiles hubieran sido colocados a propósito para desviar la investigación.

El dato tiene peso porque esos mismos proyectiles fueron los que después se relacionaron con el revólver de la casa de Sarmiento. Así, quedaron bajo sospecha tanto la aparición del arma en el allanamiento como las circunstancias en que aparecieron los proyectiles en la escena del crimen.

Qué dijeron las pericias balísticas

Los estudios balísticos de la causa por el doble homicidio descartaron que el revólver secuestrado en la vivienda tuviera correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas.

En cambio, encontraron compatibilidad con los dos proyectiles que Mamaní halló en la Quebrada, justo los que habían aparecido después de que la zona fuera revisada sin resultados positivos.

Para los fiscales, las declaraciones de Sarmiento, los testimonios civiles y esos resultados balísticos deben evaluarse junto con los documentos policiales cuestionados.

Por qué Mamaní afronta dos hechos

La Unidad Fiscal le atribuye a Mamaní una intervención central. Según la acusación, fue quien redactó el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos robados de una finca, impulsó el pedido de allanamiento y quedó a cargo de ejecutarlo.

Durante el procedimiento también firmó el acta de secuestro en la que se documentó el supuesto hallazgo del revólver calibre .22. La Fiscalía sostiene que ese documento habría incluido datos falsos sobre cómo apareció el arma.

Después del allanamiento, Mamaní confeccionó y firmó otro informe en el que volvió a describir el mismo hallazgo. Por esos dos instrumentos públicos se le imputan dos hechos de falsedad ideológica en concurso real.

El rol que se le atribuye a Solano

En el caso de Solano, los fiscales sostienen que su responsabilidad pasa por la supervisión y validación de las actuaciones.

Como jefe de la División Delitos contra la Propiedad debía controlar la legalidad del procedimiento en la casa de Sarmiento. La acusación señala que avaló con su firma y su sello el acta de secuestro que contenía los datos presuntamente falsos sobre el hallazgo del revólver.

Por esa intervención quedó imputado como presunto coautor de falsedad ideológica de instrumento público.

El perjuicio y las pruebas que sostienen la acusación

Para la Fiscalía, la presunta incorporación de información falsa en documentos oficiales no fue un hecho aislado ni sin consecuencias: el revólver entró al expediente por el doble homicidio y contribuyó a que Sarmiento fuera sometido a proceso. Los fiscales consideran que eso le provocó un grave perjuicio.

Para fundamentar la acusación reunieron y analizaron las declaraciones de Sarmiento y de los testigos civiles del allanamiento, el acta de secuestro y los informes policiales, las fotografías tomadas durante el procedimiento, el croquis del lugar donde se documentó el supuesto hallazgo, las pericias balísticas de la causa por el doble homicidio, el informe de Piccolo sobre los proyectiles de la Quebrada y el resto de las actuaciones del expediente.

Con ese conjunto, la Fiscalía presentó la acusación y pidió que los dos exintegrantes de la Brigada fueran a juicio. El requerimiento se había formalizado a fines de julio de este año y ahora, con la notificación de este viernes, la causa avanzó a una nueva etapa procesal.

Una causa que arrancó hace quince años

Los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron encontrados el 29 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. Durante los primeros rastrillajes, los equipos revisaron la zona de manera exhaustiva, incluso con detectores de metales, y no aparecieron los dos proyectiles que después se incorporarían a la causa.

En los primeros días de agosto de 2011, un nuevo procedimiento encabezado por Mamaní y otros efectivos informó el hallazgo de esos dos proyectiles en un sector ya revisado. Esa aparición se convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la investigación.

El 4 de agosto llegó el allanamiento a la casa de Sarmiento, con el resultado que hoy se investiga. El 12 de agosto, Piccolo presentó su informe ante el juez de Instrucción y advirtió que los proyectiles habían aparecido en una zona previamente inspeccionada a fondo.

Con los años se sumaron las pericias balísticas, que descartaron la correspondencia del revólver con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas y marcaron compatibilidad con los proyectiles de la Quebrada. También se incorporaron los testimonios de Sarmiento y de los testigos civiles. Durante el juicio por el doble homicidio, el dueño de la casa volvió a cuestionar el origen del arma.

Los últimos tramos antes del juicio

En una entrevista publicada por El Tribuno el 4 de julio, los fiscales Daniel Espilocín y María Luján Sodero Calvet se refirieron a las irregularidades investigadas en torno a los proyectiles y el allanamiento. Señalaron que la advertencia de Piccolo seguía siendo relevante para determinar si se habían incorporado elementos capaces de desviar la pesquisa original, y aclararon que la causa por falsedad ideológica la llevaba el fiscal Pablo Paz.

El 31 de julio, Paz presentó la acusación formal contra Mamaní y Solano y consideró que había fundamentos suficientes para pedir la apertura a juicio. El 4 de agosto, los fiscales salteños mantuvieron un intercambio con la jueza francesa Emmanuelle Robinson para coordinar medidas vinculadas con la investigación del doble homicidio, entre ellas las causas conexas contra policías por presuntas falsedades.

El 6 de septiembre, en otra entrevista con El Tribuno, Paz explicó que la causa todavía se tramitaba bajo el sistema procesal anterior, con un juez de instrucción de competencia en transición, y que la elevación a juicio estaba en curso. Una vez superada esa instancia, correspondería a la Oficina Judicial designar al tribunal o juez que intervendría en el debate.

Ese debate, ahora más cerca, deberá determinar si los expolicías cometieron los delitos que se les atribuyen.