Quince estados de EE.UU. se metieron en la causa YPF y Argentina mira de reojo qué busca Missouri

La pulseada judicial por la expropiación de YPF sumó un capítulo que puede pesar en el futuro inmediato del país: un bloque de 15 estados y territorios de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a los fondos que buscan restablecer la condena de US$16.100 millones contra la Argentina.

La movida, que tuvo a Missouri como cabeza de lanza, se concretó el viernes 30 de octubre y se canalizó a través de un amicus curiae: el recurso que permite a terceros interesados meter baza en una causa sin ser parte formal del litigio.

Qué cuestionan los estados firmantes

El eje de la presentación es la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año dejó sin efecto la sentencia millonaria contra el país.

Para los fiscales generales estatales que firmaron, ese criterio podría abrir una puerta peligrosa: que otras naciones usen sus propias leyes para esquivar reclamos en tribunales estadounidenses.

El documento sostiene que los jueces hicieron una lectura equivocada de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), la norma que fija en qué condiciones un Estado extranjero puede ser demandado en el país del norte.

La presentación plantea que los tribunales federales deben ejercer jurisdicción cuando se cumplen las excepciones que prevé la FSIA, entre ellas ciertas actividades comerciales de gobiernos extranjeros con efectos directos en territorio estadounidense.

En esa línea, los fiscales advirtieron que la interpretación del Segundo Circuito podría habilitar que un Estado demandado evite las consecuencias de un juicio aplicando normas internas que lo favorezcan.

El antecedente con China que citan los estados

Como ejemplo, los firmantes recordaron las demandas que Missouri y Mississippi presentaron contra China por supuestas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus.

Esos litigios incluyeron acusaciones por acaparamiento de barbijos y otros insumos de protección sanitaria, por la venta de productos de menor calidad y por distintas conductas consideradas desleales.

Los representantes estatales argumentaron que, si China pudiera invocar su propia legislación para obligar a que esas controversias se resolvieran solo ante tribunales chinos, a las autoridades estadounidenses les costaría mucho más defender los intereses de sus ciudadanos.

Por eso pidieron a la Corte Suprema que acepte revisar el fallo del Segundo Circuito y lo revoque.

Las críticas al planteo y la lectura de Sebastián Soler

El respaldo de los estados generó lecturas cruzadas sobre su peso real en el expediente.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler apuntó contra la composición política de los firmantes y consideró que eso le quita fuerza a la presentación.

“Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva pero lo torna menos persuasivo”, escribió en su cuenta de X.

Soler también puso el foco en el argumento jurídico de los estados y sostuvo que parte de una interpretación equivocada del fallo favorable a la Argentina.

“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, afirmó.

La distinción no es menor: el tribunal de apelaciones no rechazó intervenir por falta de jurisdicción, sino que analizó los reclamos y concluyó que, según la legislación argentina aplicable, los demandantes no tenían derecho a la indemnización contractual que reclamaban.

Esa interpretación fue la que permitió anular la condena que la jueza Loretta Preska había impuesto en primera instancia en septiembre de 2023.

Qué puede pasar ahora con el juicio por YPF

La causa llegó a la Corte Suprema estadounidense después de que Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos financia Burford Capital, pidieran revisar la sentencia favorable a la Argentina.

Los fondos buscan que el máximo tribunal intervenga y restablezca la condena de US$16.100 millones, originada en la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.

El conflicto gira en torno a la falta de una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios, una obligación que los demandantes consideran prevista en el estatuto de la petrolera.

Por ahora, la Corte Suprema no definió si aceptará tratar el caso. El escrito de los estados respalda el pedido de los demandantes, pero no modifica por sí mismo el fallo que favorece a la Argentina.

En las próximas semanas podrían sumarse nuevos amicus curiae, tanto para acompañar a los fondos como para defender la posición argentina.

También queda pendiente una eventual intervención de John Sauer, procurador general de Estados Unidos y exocupante del mismo cargo en Missouri. Su opinión podría cobrar relevancia si la Corte Suprema le pide al gobierno estadounidense que se pronuncie sobre la controversia.

El próximo vencimiento procesal está fijado para el 2 de diciembre, después de que el máximo tribunal concediera una prórroga pedida por los abogados del Estado argentino y de YPF para presentar sus respuestas.

Recién después de analizar las presentaciones, la Corte podrá definir si acepta revisar el fallo o rechaza el pedido, lo que dejaría firme la decisión que anuló la condena millonaria.