El Gobierno de Mendoza le cerró la puerta a una aspirante a auxiliar de Policía y el caso ya se discute en otra instancia. La decisión pesa sobre la seguridad de todos, pero el expediente que la complicó tiene un detalle que la Provincia usó como argumento central.
El Gobierno de Mendoza le dijo que no por segunda vez. Una aspirante a auxiliar de la Policía provincial no podrá ser nombrada en la fuerza y la decisión ya quedó firme en el plano administrativo, según consta en el Decreto 1843 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
La medida fue rubricada el 1 de septiembre de 2026 y salió publicada este jueves 29 de octubre en el Boletín Oficial. Con ella, el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico que la postulante había presentado para revertir el bloqueo de su ingreso.
Un reclamo que pasó por varias instancias
El recorrido administrativo arrancó con la Resolución 1333-SyJ/26, del 1 de abril, que ya había desestimado su pedido de nombramiento. Frente a eso, la mujer recurrió: el Ministerio de Seguridad y Justicia le admitió formalmente un primer recurso, aunque en el fondo volvió a darle la razón a la Provincia.
Entonces la aspirante elevó un nuevo planteo, esta vez ante el Poder Ejecutivo. Allí argumentó que la negativa era arbitraria y que vulneraba principios constitucionales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el derecho al trabajo. También aseguró que había completado toda la formación exigida para el cargo y que no tenía antecedentes penales.
Qué pesó en la balanza oficial
La Asesoría de Gobierno no compartió esa lectura. Para el organismo, los argumentos de la postulante no alcanzaban para revisar la decisión administrativa.
El dictamen puso el foco en la normativa que regula el ingreso a la Policía de Mendoza: para entrar hay que acreditar buena conducta y condiciones de idoneidad moral. Y subrayó que el análisis de un aspirante no se agota en comprobar si tiene o no una condena penal, sino que implica una valoración integral de su conducta.
Como respaldo, la Asesoría mencionó un expediente penal de 2015 en el que la aspirante fue declarada penalmente responsable como coautora de robo agravado por el uso de arma de fuego. De acuerdo con el documento oficial, en ese caso se dispuso su absolución por innecesariedad de pena porque era menor de edad.
Con esos antecedentes, la conclusión fue que el rechazo del nombramiento no se sostenía solo en ese expediente, sino también en la evaluación de moralidad e idoneidad que se exige para vestir el uniforme.
Qué camino le queda
El decreto deja asentado que con esta resolución se agota la vía administrativa. Es decir, la discusión ya no puede seguir por ese carril.
La aspirante todavía tiene una puerta abierta: puede acudir a la Justicia con una acción procesal administrativa, prevista en la Ley 3918, dentro de los 30 días corridos que se cuentan desde la notificación de la medida.
