Quitilipi: la frase de Valenzuela sobre el acusado que complica su defensa

La subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, puso en duda la versión de que el acusado por el quíntuple crimen de Quitilipi haya actuado sin conciencia de sus actos, aunque aclaró que esa definición quedará en manos de las pericias judiciales.

La funcionaria habló con CIUDAD TV sobre el acompañamiento estatal a la familia de las víctimas y sobre las múltiples aristas que dejó el caso: amenazas previas, agresiones contra la madre de los chicos asesinados y un contexto de vulnerabilidad que persiste después del hecho.

El operativo de asistencia

Valenzuela contó que tomó conocimiento de lo ocurrido el domingo a las 7 de la mañana. A partir de ese momento se armó un equipo con una psicóloga y un asistente social que trabajó durante el domingo y el lunes para contener a los allegados.

En esas primeras intervenciones apareció una situación delicada: María Aranda, madre de los niños asesinados, debió ser trasladada al hospital por una descompensación. Además del dolor por la pérdida, la mujer tuvo que soportar cuestionamientos y agresiones de vecinos que la culpaban por no haber estado con sus hijos la noche del crimen.

“Me pareció que estamos en una época tan dura, tan difícil para juzgar a una mamá porque no estaba esa noche con sus hijos”, reprochó Valenzuela.

La funcionaria explicó que los menores habían quedado al cuidado de una amiga de la mujer, a quien ella consideraba prácticamente una hermana, con un vínculo de confianza y colaboración mutua.

Las amenazas que ya estaban sobre la mesa

Uno de los datos más sensibles que aportó la subsecretaria fue la existencia de amenazas previas contra Aranda por parte de su expareja. Según relató, el hombre le había mandado dos audios con amenazas de muerte porque la mujer había salido con amigas y no había cuidado a sus hijos.

Valenzuela también remarcó que el hombre no cumplía con sus obligaciones parentales: no estaba presente en la crianza ni aportaba cuota alimentaria.

Ante la gravedad de los mensajes, se activaron mecanismos de protección. Intervino personal de la Comisaría de Género y Familia, a instancias de la comisaria Karina Insaurralde, que dispuso la colocación de un botón antipánico. La funcionaria destacó la rapidez de la respuesta policial y el resguardo frente a las agresiones verbales que había recibido la mujer.

“Actuaron rápido para que no suceda otra tragedia, porque iba a ir escalando”, señaló. Y agregó que la amenaza había sido concreta: el hombre había manifestado que quería matarla.

Consumo de drogas y responsabilidad penal

Consultada sobre el detenido y las versiones que trascendieron acerca de que habría dicho estar poseído por el demonio, Valenzuela aclaró que no había tenido acceso al expediente y que respetaría la reserva dispuesta por el fiscal Valero.

Sin embargo, dio su percepción: consideró que podría haber existido un consumo problemático de drogas y un eventual brote psicótico, aunque subrayó que esa hipótesis deberá ser evaluada por los profesionales forenses.

“No creo que haya estado en un estado de inconsciencia total. No podés matar cinco personas en un estado de inconsciencia total”, expresó.

Según lo que pudo observar y los testimonios que recogió en el lugar, el acusado habría tenido conciencia de sus actos. En esa línea, mencionó que el hombre habría intentado suicidarse después del hecho y sostuvo que ese comportamiento también debería considerarse al analizar lo sucedido.

No obstante, aclaró que se trata de una apreciación personal y que será la investigación judicial la que determine las circunstancias y responsabilidades.

La subsecretaria también se refirió a un posible contexto de violencia previo. Según los relatos de familiares, no había antecedentes conocidos de situaciones graves, aunque sí aparecieron referencias a conflictos vinculados con el dinero y el consumo de estupefacientes.

“Ahí hay que tener un poco de cuidado con qué es lo que normalizamos como una pelea normal de un matrimonio”, advirtió.

Una familia que necesita contención sostenida

Valenzuela señaló que el trabajo de la Subsecretaría no se limitó a los primeros días posteriores al crimen. La familia es numerosa y varios niños presenciaron las consecuencias de la tragedia, por lo que se requiere un acompañamiento psicológico sostenido.

María Aranda quedó en una situación de especial vulnerabilidad: padece una enfermedad y no cuenta con cobertura de salud. La abuela de los niños, que también tiene problemas de salud, sí dispone de obra social.

La funcionaria adelantó que continuarán asistiendo a los familiares en los trámites y necesidades que surgieron a partir del hecho. Además, indicó que la Subsecretaría se presentará formalmente en la causa para aportar información que pueda resultar útil para la investigación.

“Volviendo a tiempos arcaicos”

Durante la entrevista, Valenzuela también se refirió a otro episodio de violencia: la agresión sufrida por mujeres trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. Expresó preocupación por lo que considera un retroceso social en materia de diversidad y respeto por las identidades.

“Veo como una vuelta atrás social, de la agresión por lo que cada uno elige para su vida o por lo que hace, como que volvimos a unos tiempos muy arcaicos”, sostuvo.

En esa línea, relató que recientemente acompañó a una persona del colectivo LGTB que había sido agredida por ser gay en su propio ámbito de trabajo. Para Valenzuela, estos episodios demuestran que los avances normativos y las conquistas en materia de igualdad no pueden darse por consolidados si no existe un compromiso cotidiano para sostenerlos.

“Hay que trabajar a conciencia y no de la boca para afuera”, reclamó. Y concluyó que la diversidad y la igualdad no deben ser banderas de un partido político, sino compromisos colectivos para construir una sociedad menos violenta.