Rechazan el intento de Javier Galán por frenar la causa de abuso sexual: ¿qué viene ahora?

La Justicia catamarqueña le asestó un duro golpe al diputado provincial Javier Galán (MID) al rechazar su planteo de caducidad en la causa por abuso sexual. El juez de Control de Garantías Nº4, Marcelo Sago, no solo desestimó el argumento de la defensa, sino que también dejó entrever una contradicción en la estrategia del legislador.

¿Cuál fue el argumento de la defensa?

El abogado Leonardo Berber, representante de Galán, sostuvo que se había vencido el plazo de dos meses que establece el artículo 20 del Código Procesal Penal para que la Justicia se expida sobre un posible desafuero. Según su interpretación, el término caducó el 28 de junio, justo dos meses después del inicio de la investigación, el 28 de abril.

Además, la defensa cuestionó que durante la etapa preliminar solo se hayan tomado medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, dejando de lado las propuestas por ellos. En ese sentido, hablaron de una “dilación procesal inexcusable” y anticiparon que podrían apelar la decisión, llegando incluso a un recurso extraordinario federal.

La respuesta del juez: sin inactividad y con una advertencia

El juez Sago fue contundente al señalar que la caducidad “no opera como un castigo objetivo y automático ligado al mero paso del tiempo”. Por el contrario, la definió como una sanción procesal que depende de la inactividad o el abandono del órgano judicial en el impulso de la causa.

En ese marco, remarcó que las actuaciones “se han diligenciado con celeridad” y que no hubo momentos de parálisis. Pero lo más llamativo fue su señalamiento sobre una supuesta contradicción en la defensa de Galán: mientras pide más producción de prueba ante la Cámara de Apelaciones, también reclama plazos vencidos por sus propias apelaciones.

“Imputar al Tribunal la demora generada por sus propios recursos importaría convalidar una verdadera 'caducidad provocada'”, sentenció el magistrado, en clara referencia a la estrategia del legislador.

La posición de las otras partes y la situación de Galán

La fiscal Alejandra Antonino y los abogados de la denunciante, Silvia Barrientos y Hernán Jaime Morales, se opusieron al planteo de la defensa, coincidiendo con los criterios que luego adoptaría el juez.

Finalmente, Sago destacó que Galán no está sujeto a ninguna medida de coerción personal ni restricción de sus derechos, y que la investigación se encuentra en una etapa preliminar. Por lo tanto, consideró que esperar la definición de la Cámara de Apelaciones no le genera un perjuicio real.