Rechazaron el balance y repartieron $2.000 millones en honorarios: el laberinto del Frigorífico Pico
¿Por qué la nueva conducción del Frigorífico Pico no puede asumir? Los accionistas denuncian trabas y exigen respuestas sobre los $2.000 millones en honorarios.
En una asamblea que dejó más preguntas que respuestas, los accionistas mayoritarios del Frigorífico Pico rechazaron el balance, la gestión del anterior Directorio y una millonaria distribución de honorarios. La cifra en cuestión: unos $2.000 millones, en pleno proceso concursal.
La reunión, celebrada el viernes pasado, aprobó por unanimidad una nueva conducción, aunque hasta ahora no logró asumir formalmente. Mientras tanto, las dudas sobre el manejo de la firma crecen.
¿Qué pasó en la asamblea?
Los accionistas mayoritarios del Frigorífico Pico, en el marco de la asamblea que se desarrolló el viernes pasado, rechazaron el balance económico, la gestión del anterior Directorio y una distribución aproximada de 2.000 millones de pesos en honorarios. Además, por unanimidad de los presentes, designaron una nueva conducción que hasta el momento no se pudo hacer efectiva.
Días atrás, accionistas de la empresa aclararon que la asamblea del Frigorífico no se había suspendido, sino que se habían retirado los accionistas minoritarios, Ernesto y Alan Lowenstein, y que se había avanzado en la renovación de las autoridades.
Sin embargo, dicha asamblea de accionistas dejó varios interrogantes sobre la situación societaria y el proceso concursal que atraviesa la firma.
Un balance bajo la lupa
Las fuentes que informaron a LA ARENA indicaron que en dicha asamblea se rechazó el balance del ejercicio económico que cerró el 30 de junio de 2025 y también la gestión del anterior Directorio, período durante el cual la compañía acumuló pérdidas que oscilarían los 25.000 millones de pesos, lo cual derivó en el posterior ingreso al concurso de acreedores.
También señalaron que uno de los puntos cuestionados fue el tiempo transcurrido hasta el tratamiento del balance, dado que la documentación ya estaba terminada desde el 2 de diciembre de 2025 y recién fue sometida a consideración de los accionistas ocho meses después.
Los accionistas mayoritarios sostienen que durante ese período no tuvieron acceso a esa información, que el balance fue rechazado y que el auditor que lo suscribió no había emitido opinión sobre las cifras contenidas en los estados contables.
Las sospechosas coincidencias en las cifras
Entre los números que quedaron bajo análisis, se destaca una distribución de aproximadamente 2.000 millones de pesos en honorarios. Paralelamente, en la propia presentación del concurso aparecería consignada una deuda por la misma cifra, por anticipos de honorarios.
A esto se agregaría que el accionista minoritario, cuyos representantes ocupaban los tres cargos del Directorio, había impulsado una capitalización por aproximadamente otros $2.000 millones.
Por ello, sostienen que la coincidencia entre las tres cifras justifica que se explique el origen, composición y relación entre esos montos.
Por otro lado, indicaron que la asamblea también resolvió reducir a uno el número de integrantes del Directorio y, vencidos los mandatos anteriores, designar una nueva conducción.
La Justicia, en el centro de la polémica
Aunque la designación del nuevo presidente fue aprobada por unanimidad de los presentes, hasta el momento eso no pudo hacerse efectivo.
También marcaron que el juez Carlos María Iglesias, a cargo del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras de General Pico, conocía la convocatoria y el orden del día de la Asamblea y, al igual que en reuniones anteriores, dispuso la presencia de una veedora judicial.
En este punto, plantearon que si la Justicia reconoció la realización de la asamblea y supervisó su desarrollo, por qué motivo no puede hacerse efectiva la nueva conducción designada.
Además, los accionistas con interés jurídico directo en el concurso denunciaron dificultades para acceder al expediente y conocer las actuaciones que se desarrollaron dentro del proceso.
También reclamaron que la asamblea ya tomó sus decisiones y que ahora resta conocer por qué esas decisiones no pueden hacerse efectivas y cuáles son los fundamentos jurídicos que sostienen la situación actual de Frigorífico General Pico.