Recibieron su terreno en Cañadón Seco y ahora el Consejo Agrario revisa cada expediente

El Consejo Agrario Provincial (CAP) puso bajo la lupa las adjudicaciones de terrenos que se concretaron en junio de 2026 en Cañadón Seco y dejó abierta la posibilidad de dar marcha atrás con algunas de ellas si encuentra incumplimientos de los beneficiarios.

La tarea recayó en la Dirección General de Tierras, que en estos días está revisando uno por uno los expedientes de quienes recibieron lotes en esa localidad santacruceña. Según informó el organismo este viernes 13 de noviembre, el propósito es avanzar en la regularización de las adjudicaciones.

Qué exige el acta de posesión

En un comunicado, el CAP recordó que los beneficiarios tienen que cumplir con los requisitos y las obligaciones que figuran en el Acta de Posesión Provisoria. El foco está puesto en el punto 6 de ese documento, el que habilita a dejar sin efecto el instrumento cuando no se respetan las condiciones previstas.

La revisión busca ordenar la situación administrativa de los terrenos y comprobar que quienes los recibieron cumplan con las condiciones bajo las cuales obtuvieron la posesión.

El texto oficial no menciona a personas en particular, no precisa cuántos expedientes están bajo observación y tampoco detalla qué tipo de incumplimientos se detectaron hasta ahora. Por eso, desde el organismo aclararon que no se trata de una baja masiva de adjudicaciones, sino de un análisis caso por caso para definir si corresponde sostener o anular cada acta de posesión provisoria.

El antecedente de junio

Las entregas que ahora se revisan se habían anunciado en junio de 2026, cuando el Consejo Agrario Provincial informó que trabajaba junto a la Comisión de Fomento de Cañadón Seco para atender la demanda habitacional de la localidad.

En ese momento, el presidente del organismo, Hugo Garay, había confirmado que se proyectaba entregar alrededor de 40 terrenos de entre 400 y 600 metros cuadrados, pensados para familias que buscaban un lote donde construir su vivienda.

El funcionario también había indicado que los terrenos contaban con servicios y que la Dirección General de Tierras participaba en la preparación de los expedientes y en la verificación de los requisitos legales de los solicitantes.

Meses después de aquellas adjudicaciones, el organismo avanza ahora con una instancia de revisión para comprobar que se hayan cumplido las condiciones establecidas.

Desde el Consejo Agrario señalaron que el procedimiento se enmarca en una política de ordenamiento y regularización de tierras, con el objetivo de reforzar la seguridad administrativa y garantizar una gestión responsable de los terrenos fiscales en Santa Cruz.