Reconocimiento facial en Río Negro: el Gobierno no dice cuánto le paga a la empresa privada

El control de asistencia por reconocimiento facial seguirá expandiéndose en la administración pública rionegrina. Durante septiembre, el sistema llegará a la cartera de Salud, mientras el Ejecutivo provincial respondió un pedido de informes de legisladores opositores sobre la contratación de la firma Airata, pero evitó precisar el costo de ese servicio.

Las respuestas, enviadas por la sociedad estatal Altec y el Ministerio de Modernización, se concentran en explicar las medidas de seguridad y protección de los datos biométricos. Sin embargo, no aportan datos sobre uno de los ejes del requerimiento: cuánto se abona a la empresa subcontratada.

La expansión del sistema

El mecanismo ya funciona desde agosto en el hospital de San Antonio, donde alcanza a 220 agentes. También concluyó su instalación en el hospital de General Roca, con otros 730 trabajadores, y está previsto que se ponga en marcha durante septiembre en la sede ministerial de Viedma, que reúne a unos 300 empleados. En total, los tres puntos suman alrededor de 1.250 estatales.

El avance del sistema generó resistencia entre los trabajadores. Hay presentaciones individuales de agentes que no prestan su consentimiento para el registro facial, y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) evalúa la presentación de un recurso de amparo, según anticipó su delegada sindical en el sector, Noemí Salazar.

El rechazo también apunta a la participación de una empresa privada en el esquema y a las condiciones de su contratación. En junio, esos cuestionamientos derivaron en un pedido de informe legislativo para conocer los fundamentos de la selección de Airata, el costo del servicio y las tareas asignadas.

La respuesta de Altec

El ministerio de Salud se excusó de responder al argumentar que no intervino en la contratación. Las respuestas recayeron en Altec y Modernización, a partir de un cuestionario impulsado por los bloques peronistas PJ y Vamos con Todos, y los legisladores Marcela González Abdala, Daniel Sanguinetti, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, enrolados en los libertarios y en el sector del diputado Aníbal Tortoriello.

La sociedad estatal de tecnología, presidida por Luis Ayestarán, explicó que fue contratada por la Provincia para “implementar la solución de biometría facial” destinada al personal de Salud. A su vez, Altec contrató a Airata para aportar una parte de la plataforma tecnológica.

Sobre la selección de Airata, Altec indicó que se originó en “una solicitud” bajo su “régimen interno de compras”, y que fue elegida tras una “investigación de mercado sobre seis proveedores potenciales”. La firma seleccionada presentó la “mejor combinación” de “madurez tecnológica”, “capacidad para desplegar el sistema en los plazos previstos”, “soporte permanente” y “mejores condiciones económicas”.

Altec señaló que la sociedad estatal está a cargo de la ejecución del proyecto, aunque subcontrató a Airata para un “componente acotado: la plataforma del motor de verificación biométrica”. Para la sociedad estatal, “no resultaba ni razonable ni eficiente” ocuparse de esa tarea.

Sin embargo, Altec evitó informar cuánto cuesta esa contratación. Entendió que “el monto que corresponde informar es el de la contratación del Estado provincial”, en referencia al convenio entre el Gobierno y la firma estatal. Previamente, encuadró su condición de “sociedad anónima”, con “capital íntegramente” de la Provincia, y un régimen de “derecho privado”.

Ese contrato global asciende a 1.226 millones de pesos. El componente principal representa algo más de 953 millones de pesos, “por única vez”, e incluye la provisión, desarrollo y puesta en marcha de las terminales de registro en 38 hospitales y 190 centros de Salud. El resto corresponde a unos 272 millones de pesos anuales por la licencia y utilización de la plataforma para aproximadamente 7.200 agentes de la cartera sanitaria.

La protección de los datos biométricos ocupa buena parte de la respuesta oficial. Altec sostiene que “la titularidad y el control de las bases de datos biométricos corresponden a la Provincia, a través de la Secretaría de la Función Pública”.

Modernización y el consentimiento

Airata, agrega, actúa como “encargada del tratamiento de datos para la prestación tecnológica” y no puede “usarlos para fines propios, explotarlos comercialmente” ni “conservarlos más allá de los períodos autorizados”. No brindó detalles técnicos del sistema, bajo el argumento de que esa información podría “comprometer su seguridad”.

Modernización, a cargo del ministro Milton Dumrauf, repite buena parte de las explicaciones de Altec y ratifica que la participación de Airata “se limita a la provisión de la plataforma de verificación de identidad para registro de asistencia, siempre bajo la dirección de Altec”.

El ministerio destacó la “arquitectura de seguridad” del sistema, que se aparta del modelo tradicional de una base de datos centralizada con usuario y contraseña y utiliza un esquema de “identidad digital”, con “criptografía de curvas elípticas” y un almacenamiento segregado de los datos.

En otra respuesta a los legisladores, Modernización se refirió al consentimiento de los trabajadores. Allí planteó un criterio que será relevante frente a los cuestionamientos sindicales. El uso del control de biometría facial “no se funda en el consentimiento integral del agente”, sino en “el cumplimiento de las obligaciones legales y en el ejercicio de las funciones públicas en materia de control de asistencia”, que “constituye un deber funcional del agente”.