Recuperaron 124.000 hectáreas fiscales en Entre Ríos y ahora buscan ordenar el resto

El Gobierno de Entre Ríos regularizó 124.000 hectáreas de tierras fiscales, lo que representa el 65% de la superficie total de propiedad provincial. El proceso, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, permitió ordenar ocupaciones que durante años estuvieron en situación irregular o clandestina y establecer permisos onerosos de uso de suelo.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, al inicio de la gestión prácticamente la totalidad de esos inmuebles estaba ocupada de manera irregular. A partir del Programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales, se puso en marcha un relevamiento para conocer la situación de cada propiedad, fijar condiciones de uso y avanzar en su administración formal.

La mayor parte de las tierras fiscales se concentra en la zona del Delta, principalmente en los departamentos Gualeguay y Victoria. La regularización alcanzada en los últimos dos años no solo ordena el territorio, sino que también se convierte en una fuente de recursos: los permisos onerosos buscan que la utilización de terrenos estatales genere una contraprestación económica y un mayor control sobre su destino.

Una agencia para administrar el patrimonio

El proceso se potenció con la creación de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), que tendrá como objetivo completar el ordenamiento de las tierras fiscales y gestionar el conjunto del patrimonio inmobiliario estatal. Las líneas de acción son coordinadas desde la Secretaría General de la Gobernación.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la magnitud del avance: “Recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos”. El funcionario cuestionó la falta de control histórico sobre esos inmuebles y remarcó que la intención es proteger el patrimonio público y ponerlo al servicio del desarrollo provincial.

Inventario de los 200 lotes

La AABIPER proyecta ahora profundizar el trabajo con un relevamiento detallado de los 200 lotes de propiedad provincial. El objetivo es determinar las características productivas y establecer con mayor precisión el valor locativo de cada inmueble.

El presidente de la agencia, Eduardo Asueta, explicó que hoy no existe información suficientemente detallada sobre el potencial de cada terreno, lo que dificulta fijar valores adecuados para los permisos de uso. “Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad”, señaló.

Para Asueta, la falta de evaluación individual genera un subaprovechamiento de las tierras fiscales. El relevamiento buscará reunir datos sobre las condiciones productivas y el valor locativo de cada lote, para que la Provincia pueda administrarlos de manera más eficiente y establecer condiciones de uso acordes con sus características.

Más transparencia en los contratos

La estrategia oficial también contempla modificar la forma en que se administra la propiedad inmueble provincial. Desde la AABIPER anticiparon que se trabaja en un esquema de gestión transparente y público, que permita conocer el destino de cada inmueble perteneciente al Estado.

El propósito es que la información sobre las propiedades provinciales pueda ser consultada y que los procesos para acceder a contratos de uso oneroso se desarrollen bajo reglas públicas y equitativas. Asueta sostuvo que el objetivo es que todos los entrerrianos puedan conocer qué se hace con los inmuebles provinciales y que los interesados tengan la posibilidad de participar en los procesos de contratación.

La regularización de las 124.000 hectáreas constituye el primer tramo de un proceso que la Provincia pretende extender hasta alcanzar la totalidad de las tierras fiscales. Para el Gobierno, conocer la situación, características y potencial de cada inmueble permitirá avanzar hacia una administración más eficiente y evitar que propiedades públicas vuelvan a quedar sujetas a ocupaciones sin control.