Reforma de CAMYEN: la oposición exige más controles y un blindaje para los recursos mineros
La oposición presentó un dictamen propio para la reforma de CAMYEN con controles más estrictos. ¿Qué cambios propone y cómo quedó la UCR?
La transformación de la minera estatal CAMYEN avanza en Diputados, pero la oposición frenó el trámite con un dictamen propio que exige mayores controles. ¿Qué cambios propone y por qué la UCR se quedó afuera?
La comisión de Minería de la Cámara de Diputados recibió a las autoridades de CAMYEN para analizar el proyecto que convierte a la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado y ahora busca dictamen en la Cámara baja.
Del encuentro participaron el vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina; la vocal del Directorio, Agustina Lencina; el síndico Daniel Zamora y la representante del área Legal, Virginia Doering. Los funcionarios explicaron los alcances de la reforma y respondieron las consultas de los legisladores.
Qué dijo CAMYEN sobre la reforma
Molina detalló los mecanismos de transparencia previstos, los organismos de control que intervendrán, el inventario de propiedades mineras y el alcance de la transformación. En ese marco, remarcó que la reforma permitirá modernizar la empresa, mantener el 100% de la propiedad estatal y sumar herramientas para potenciar inversiones.
Los cambios que pide la oposición
Los bloques de GENERAR, La Libertad Avanza, MID y PRO presentaron un dictamen de minoría para “fortalecer la transparencia, el control institucional y la protección del patrimonio de todos los catamarqueños”. Entre las modificaciones más importantes se destacan:
Procedimientos competitivos para la transferencia de derechos mineros, mayorías calificadas para decisiones estratégicas y la creación de una cuenta especial para que los recursos de CAMYEN se destinen exclusivamente a exploración, infraestructura energética, desarrollo productivo, remediación ambiental y fortalecimiento patrimonial. La propuesta también prohíbe que esos fondos financien gastos corrientes del Estado.
Además, el dictamen exige la publicación obligatoria de contratos, inversiones, estados contables e informes ambientales y comunitarios. También crea un Registro de Integridad y Beneficiarios Finales para quienes contraten o adquieran derechos de la empresa, y limita el secreto comercial únicamente a casos debidamente fundados, garantizando el acceso a la información sobre las operaciones.
El dictamen de mayoría fue firmado por el oficialismo, mientras que el de minoría lleva las firmas de todos los opositores, salvo la UCR. Ahora, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto, donde la oposición buscará imponer sus condiciones.