Reforma de la VTV: ¿Menos controles y más riesgos en las rutas?

El Gobierno nacional impulsó un cambio profundo en la Verificación Técnica Vehicular que extiende los plazos y abre el mercado. Sin embargo, la promesa de menos burocracia y costo esconde una polémica que enfrenta al Estado con las provincias más grandes y genera alerta por la seguridad vial.

La reforma quedó formalizada mediante el decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo declarado es modernizar el sistema y adaptarlo a estándares internacionales, reduciendo las cargas administrativas para los conductores.

Uno de los cambios más significativos es la modificación de la periodicidad de los controles. La primera inspección se realizará a los cinco años de patentamiento, en lugar de a los dos como era hasta ahora. Luego, la VTV tendrá una vigencia de dos años, y solo cuando el vehículo cumpla diez años pasará a ser un trámite anual.

¿Un control más laxo?

Este rediseño de los plazos implica una reducción notable en la frecuencia de las inspecciones durante los primeros años de vida del automóvil. Para algunos especialistas, esta medida podría traducirse en un relajamiento de la supervisión técnica en una etapa clave.

Otro pilar de la reforma es la apertura del sistema a nuevos actores. Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la iniciativa habilita a talleres particulares y concesionarias a realizar las verificaciones. Esto rompe el esquema actual, concentrado en plantas habilitadas por el Estado, con el fin declarado de generar mayor competencia y ampliar la oferta.

Resistencias y advertencias legales

Esta decisión no fue bien recibida en todos los frentes. Desde el área de Transporte se advirtió sobre posibles conflictos legales, dado que las concesiones vigentes para las plantas de verificación se extienden más allá de 2030.

El rechazo más contundente provino de los dos distritos con mayor parque automotor del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ambos jurisdicciones manifestaron su oposición a algunas de las imposiciones del decreto presidencial. Según anticiparon, un cambio en las reglas de juego podría desencadenar una ola de litigios millonarios contra el Estado nacional.

Además, se planteó una crítica de fondo sobre un posible conflicto de intereses. En referencia a la habilitación de talleres privados, se cuestionó: “No se puede permitir que quien obtiene ganancias de reparar vehículos sea al mismo tiempo quien determine si está en condiciones de circular”. Este planteo pone en tensión dos modelos opuestos de control vehicular.

Un debate que recién empieza

Mientras el Gobierno insiste en que la reforma bajará costos y facilitará los trámites, los detractores advierten sobre el riesgo de debilitar los estándares de seguridad. La implementación del nuevo esquema no será automática en todo el territorio, ya que requiere la adhesión de cada provincia.

El debate, por lo tanto, está servido. La promesa de un sistema más ágil y económico ahora convive con serias dudas sobre su efectividad real y sobre los mecanismos de control en un mercado que se pretende más descentralizado. El resultado final podría definir el futuro de la seguridad en las rutas argentinas.