Reforma judicial: el plan de Milei que suma juzgados en el norte y saca a la Corte de la selección de jueces

El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva etapa de reformas al sistema judicial que podría beneficiar directamente a las provincias del norte argentino, incluida Tucumán. El plan contempla la creación de nuevos juzgados federales en el interior, cambios en el proceso de selección de los ministros de la Corte Suprema y la salida del máximo tribunal del Consejo de la Magistratura, entre otras medidas.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El Presidente avanzó esta semana en una reunión con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, donde se abordó la situación de las vacantes en la Corte Suprema, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Gobierno reactivó el análisis de nombres con chances de lograr el respaldo legislativo necesario.

En paralelo, mediante el Decreto 467/2026, se modificó el procedimiento vigente desde 2003 para seleccionar candidatos al máximo tribunal, eliminando la instancia de participación ciudadana previa y dejando sin efecto las recomendaciones sobre equilibrio de género y representación regional.

Más de 200 vacantes en la mira

Cuando Mahiques asumió en marzo, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, encontró pendientes los trámites para cubrir 200 vacantes de jueces, además de 72 cargos de defensores oficiales y 65 de fiscales. Desde entonces, el ministerio comenzó a remitir sucesivas tandas de pliegos al Senado, priorizando cargos del interior del país, con el objetivo de alcanzar cerca de 300 postulaciones durante 2026. En los próximos días, Mahiques enviará el pliego número 200 de esta avanzada.

¿Por qué el norte sería el gran beneficiado?

Milei y Mahiques trabajan en una reestructuración de la Justicia nacional que apunta a reducir la fuerte concentración de tribunales y causas en la Ciudad de Buenos Aires para reforzar, con esos mismos recursos, las Justicias provinciales, especialmente en los territorios del norte y el noreste que tienen frontera con otros países. La iniciativa busca crear nuevos juzgados y tribunales en las provincias donde la demanda supera la capacidad instalada, en particular en causas de narcotráfico, crimen organizado, contrabando y delitos económicos, un punto sensible para jurisdicciones como la tucumana.

El plan contempla, en simultáneo, reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, liberando así recursos que se reorientarían hacia las provincias, en lo que además podría convertirse en una nueva carta de negociación con los gobernadores.

La Corte, afuera del Consejo de la Magistratura

El plan oficial también prevé modificar la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces, para sacar a la Corte Suprema de su integración y reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos. El organismo, creado por la reforma constitucional de 1994, había tenido originalmente 20 integrantes hasta que una reforma kirchnerista de 2006 lo llevó a 13. En 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa reducción por romper el equilibrio exigido por la Constitución, ordenó volver a los 20 miembros y dispuso que, hasta tanto se completara esa integración, la presidencia del Consejo quedara en manos del titular de la Corte, Rosatti, algo que el proyecto oficial buscaría ahora modificar.

Los códigos Civil y Penal, también en revisión

La agenda incluye además la actualización del Código Civil y Comercial y del Código Penal. En materia penal, el objetivo es modernizar figuras vinculadas al crimen organizado, los delitos económicos, los ciberdelitos y la corrupción, y armonizar la legislación con el sistema acusatorio federal. En el plano civil y comercial, los cambios apuntarían a simplificar procedimientos y adecuar distintas normas a la política de desregulación que impulsa el Gobierno.

En la Casa Rosada reconocen que buena parte de estas iniciativas requerirá mayorías legislativas que hoy no tienen, por lo que la estrategia pasa por avanzar primero con las medidas que puedan instrumentarse por decreto mientras negocian los consensos parlamentarios necesarios para los proyectos de mayor alcance.