Reforma previsional: el juez Cotorruelo rompió el silencio y lanzó una dura advertencia para el Poder Judicial

El juez Rafael Cotorruelo, flamante presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, encendió las alarmas sobre la reforma previsional provincial. El magistrado aseguró que el sistema de actualización de haberes que garantizaba la independencia judicial se quebró y no descartó acciones legales por parte de los afectados.

En diálogo con Elonce, Cotorruelo analizó los cambios que impactan directamente en jueces, funcionarios y empleados judiciales, y también apuntó contra la reglamentación del artículo 60 de la Constitución provincial, que podría generar nuevos planteos de inconstitucionalidad.

¿Qué cambió para los judiciales?

La reforma previsional modificó las expectativas que los integrantes del Poder Judicial consideraban consolidadas respecto de sus futuras jubilaciones. Según explicó el juez, la normativa alcanza a todos los trabajadores del Estado, incluidos los magistrados, tanto en sus haberes actuales como en la proyección de sus retiros.

El punto más sensible es la ruptura del denominado sistema de enganche, un mecanismo que actualizaba los salarios judiciales sin depender de la negociación paritaria con el Ejecutivo provincial.

“Ese sistema se quebró. Rige en la actividad y en la pasividad ya no va a regir. Ese sistema formaba parte de nuestras legítimas expectativas de que el haber en la pasividad siguiera la suerte del haber en actividad y tuviera el mismo mecanismo de actualización”, indicó Cotorruelo.

Reunión virtual y asesoramiento

Frente a este escenario, la Asociación organizará una reunión ampliada y virtual para que magistrados y funcionarios de toda la provincia puedan participar. Contará con la intervención de un especialista en Derecho Previsional, quien ya fue convocado para realizar un análisis técnico de la norma.

“Lo que toca, más allá de que la discusión ya se dio y ya se fijó posición, es brindar los servicios a todos aquellos que decidan en algún momento tomar algún tipo de acción”, afirmó el presidente de la entidad.

La advertencia sobre el artículo 60

La entrevista también dejó otra preocupación: la reglamentación del artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos, que establece los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad. Cotorruelo reveló que la Asociación fue invitada a aportar su posición por escrito, pero la ley se sancionó antes de que pudieran hacerlo.

“Recibimos una nota, una invitación para que aportemos por escrito nuestra posición y, a la hora, nos enteramos de que la ley había sido sancionada. Lamentablemente no pudimos efectuar ese aporte”, señaló.

El magistrado advirtió que la reglamentación, que exige la intervención del pleno del Superior Tribunal de Justicia para que declaraciones reiteradas de inconstitucionalidad tengan efecto derogatorio, podría ser cuestionada judicialmente. “Entendemos que también puede generar, al igual que la reforma previsional, problemas de constitucionalidad”, expresó.

¿Qué dice la Constitución?

Según Cotorruelo, el texto constitucional de 2008 solo requería tres sentencias firmes del Superior Tribunal, sin precisar una composición. “El constituyente fue muy claro: lo único que requirió fueron tres sentencias firmes dictadas por el Superior Tribunal, sin precisar una composición”, afirmó.

Para el juez, el requisito del pleno agregado por la ley ordinaria no refleja la intención de los constituyentes. “Muchos años después se viene a reglamentar y a agregar un requisito, el pleno, que no estaba previsto en la Constitución. Podemos discutir si está bien o está mal exigirlo, pero creo que está muy claro que esa no fue la intención del constituyente”, argumentó.

Concursos paralizados y plazos razonables

El presidente de la Asociación también se refirió al Consejo de la Magistratura y a las demoras en los concursos. Criticó el banco de casos, una reforma que, lejos de agilizar el sistema, lo paralizó. “Hay gente que está hace casi una década ocupando un cargo como provisorio”, señaló.

En cuanto a los plazos en las investigaciones penales, Cotorruelo defendió la existencia de plazos razonables, pero advirtió sobre el riesgo de impunidad. “Si simplemente transcurre el tiempo, no se puede arribar a la verdad y se cierra una investigación, tiene que haber algún tipo de consecuencia”, planteó.

El juez consideró que el Ministerio Público Fiscal debería asumir responsabilidades cuando no logra llevar adelante una causa. “No puede ser simplemente invocar el transcurso del plazo, cerrar la causa y listo”, sostuvo.

La Justicia entrerriana, en la mira

Cotorruelo destacó que el sistema judicial de Entre Ríos está mejor que otras provincias en cuanto a recursos, especialmente en el fuero penal. Además, elogió la rapidez de las acciones de amparo, que consideró una herramienta clave para el acceso a la Justicia.

“Es una acción sumamente importante a través de la cual el ciudadano común puede acceder, peticionar y cuestionar algo que considera que está siendo vulnerado desde el poder administrador”, manifestó.

Política y descrédito

El magistrado también analizó la relación entre política y Justicia. Rechazó que los jueces elijan el momento para llevar a juicio a un político y señaló que existe un descrédito general de las instituciones. “Lamentablemente nosotros también tenemos un gran descrédito como autoridades. Creo que hace 30 o 40 años se dictaba una sentencia, una persona era condenada y tenía otro impacto en la sociedad”, reflexionó.

Para Cotorruelo, el desafío actual es encontrar un equilibrio. “Hoy esto nos obliga todavía más a ser mejores jueces y a dar mejores argumentos”, concluyó.