Regalías mineras: la diferencia de $3.250 millones que Carrizo quiere que el Gobierno explique

La exdiputada provincial Carrizo volvió a poner el foco sobre el manejo de las regalías mineras en Catamarca y reclamó que el Poder Ejecutivo presente las rendiciones semestrales que exige la ley, además de una conciliación documentada entre lo recaudado y lo que efectivamente ingresó al fideicomiso.

Una obligación que, según Carrizo, no se está cumpliendo

La exlegisladora recordó que el artículo 5 de la Ley Provincial 5.642 obliga al Ejecutivo a constituir fondos fiduciarios con la totalidad de los ingresos por regalías mineras, respetando la distribución y el destino que fija la norma, y a presentar rendiciones de cuentas semestrales ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.

En ese marco, respaldó los cuestionamientos del diputado provincial Mamerto Acuña por la falta de control legislativo sobre el fideicomiso.

“Cuando el diputado Mamerto Acuña reclama control legislativo, no estamos frente a una simple diferencia política. Estamos hablando de una obligación expresamente establecida por ley. El Gobierno debe acreditar que presentó las rendiciones correspondientes, ponerlas a disposición de los legisladores y explicar cómo se administraron los recursos”, afirmó.

Para Carrizo, la existencia de un fiduciario y de un Comité de Administración no reemplaza las facultades de fiscalización de la Legislatura ni la intervención de los organismos de control.

“Un fideicomiso público no puede transformarse en una estructura de administración de recursos por fuera del escrutinio institucional. La herramienta financiera no puede estar por encima de la ley ni debilitar los controles sobre el dinero de todos los catamarqueños”, sostuvo.

La brecha de $3.250 millones que pide esclarecer

Otro de los puntos que Carrizo quiere que se aclaren es la diferencia que expuso públicamente el diputado Francisco Monti entre las regalías recaudadas y los ingresos registrados en el fideicomiso.

Según las cifras presentadas por el legislador para el período entre julio de 2025 y junio de 2026, se habrían recaudado $17.900 millones en regalías mineras, mientras que los ingresos al fideicomiso habrían llegado a $14.650 millones. La diferencia es de $3.250 millones, cerca del 18,2% de la recaudación mencionada.

“Es una diferencia significativa que merece una explicación técnica y documentada. No corresponde afirmar que existe un desvío sin conocer los registros contables, pero tampoco corresponde que el Gobierno guarde silencio frente a cifras de esta magnitud”, expresó.

La exdiputada aclaró que podrían existir diferencias temporales de registración, transferencias pendientes u otras circunstancias contables que expliquen la brecha. Aun así, insistió en que el Ejecutivo debe presentar una conciliación documentada que permita establecer el origen y destino de cada peso.

“La transparencia no consiste en pedirle a la sociedad que confíe. Consiste en mostrar los números, respaldarlos con documentación y permitir que sean controlados”, remarcó.

Obras, aportes extraordinarios y falta de información

Carrizo también apuntó contra la ausencia de información pública sistematizada sobre las obras financiadas con el fideicomiso. Preguntó con qué proyecciones de ingresos se comprometieron, qué criterios se usaron para priorizarlas, cuántas están terminadas, cuántas siguen en ejecución y a cuánto ascienden los certificados pendientes de pago.

Además, reclamó saber cuánto recibió cada departamento, qué compromisos financieros asumió el fideicomiso y qué partidas presupuestarias se usaron o reasignaron para afrontar los aportes extraordinarios.

“Si las obras se comprometieron sobre proyecciones de ingresos que después no se cumplieron, el Gobierno debe explicar cómo evaluó esos riesgos. Y si los recursos fueron insuficientes, también debe informar qué decisiones se adoptaron para evitar que esa situación se repitiera. Lo que no puede ocurrir es que se anuncien obras, se acumulen obligaciones y después se recurra nuevamente a fondos públicos sin una rendición integral de lo ejecutado”, señaló.

Un reclamo con antecedentes en la Legislatura

La exdiputada recordó que durante su mandato ya había cuestionado el esquema de administración de las regalías mediante fideicomisos. En 2025, junto a Acuña, impulsaron la derogación de los fideicomisos Salar del Hombre Muerto y de Regalías Mineras, la derogación de la Ley Provincial 5.642 y el restablecimiento del régimen de distribución de la Ley 5.128, con transferencia directa de los recursos a los municipios beneficiarios.

“No empezamos a cuestionar este sistema ahora. Lo hicimos desde la Legislatura y presentamos una alternativa concreta. Entendíamos que la administración de las regalías debía garantizar previsibilidad, distribución territorial, transparencia y control. Los problemas que hoy se conocen demuestran que aquella discusión sigue plenamente vigente”, afirmó.

Para Carrizo, el debate excede la continuidad de un instrumento financiero y toca la autonomía de los municipios y la distribución de los beneficios de la actividad minera.

“Las regalías deben traducirse en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades. No pueden quedar atrapadas en un esquema donde los municipios desconocen cuánto les corresponde, las obras dependen de decisiones centralizadas y la ciudadanía no dispone de información suficiente para evaluar los resultados”, expresó.

Qué pide concretamente

Carrizo reclamó que el Gobierno provincial presente y haga públicas las rendiciones semestrales previstas en el artículo 5 de la Ley 5.642 desde la constitución del fondo, con la documentación respaldatoria.

También solicitó una conciliación pública entre las regalías recaudadas y los fondos ingresados al fideicomiso; un informe detallado de las obras financiadas por departamento, con montos, estados de avance y certificados pagados y adeudados; la identificación de las fuentes presupuestarias usadas para los aportes extraordinarios y la intervención de los organismos de control competentes.

“No alcanza con informar cuánto dinero se destina al fideicomiso. Es necesario conocer cuánto ingresó, cuánto se comprometió, cuánto se pagó, qué obras se ejecutaron y cuáles son las obligaciones pendientes. Sin esa información, el control público se vuelve imposible”, sostuvo.

La advertencia sobre la minería y la confianza

Carrizo hizo hincapié en diferenciar las responsabilidades de las empresas mineras de las obligaciones del Estado provincial. Dijo que las compañías deben cumplir con sus compromisos ambientales, laborales, tributarios y sociales, mientras que el Gobierno tiene la responsabilidad indelegable de garantizar la correcta recaudación, distribución, inversión y fiscalización de los recursos públicos que genera la actividad.

“Catamarca necesita minería, inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero también necesita un Estado que administre con responsabilidad los recursos que esa actividad genera. No podemos permitir que la falta de transparencia gubernamental termine alimentando la desconfianza de los catamarqueños hacia una actividad que tiene un papel estratégico en nuestro desarrollo”, afirmó.

La exdiputada advirtió que la legitimidad social de la minería depende de que sus beneficios sean visibles, verificables y lleguen a las comunidades.

“Cuando una familia no ve mejoras en los servicios, cuando un municipio no cuenta con infraestructura básica o cuando se anuncian millones de pesos sin explicar claramente su destino, lo que se deteriora no es solamente la confianza en el Gobierno. También se pone en discusión la capacidad de la minería para transformar la realidad de Catamarca”.

Por último, reafirmó la posición que sostuvo durante su mandato: “Lo sostuve en la Legislatura y lo sostengo hoy: minería sí, con desarrollo, transparencia, control y participación de las comunidades. Defendemos la actividad minera porque creemos en su potencial para generar oportunidades y transformar nuestra provincia. Pero defender la minería también significa exigirle al Estado que administre correctamente sus recursos. La opacidad de un gobierno no puede ser la razón por la que los catamarqueños dejen de creer en la minería”.