Regresaba del salón de visitas con un bulto en la cintura y lo que apareció adentro lo complicó para siempre

Un interno del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes quedó con una condena que lo mantendrá tras las rejas mucho más tiempo del que esperaba. Se trata de David Gabriel Moreno, condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por cometerse en un lugar de encierro, en una causa que expuso cómo funcionaba una red de venta de drogas puertas adentro de la cárcel.

La decisión la tomó el juez federal Santiago French, de la Sala I del Tribunal de Revisión, el 27 de agosto pasado. El magistrado homologó el acuerdo pleno que habían presentado el fiscal general Eduardo José Villalba y la defensa oficial. La pena se fijó en 6 años de prisión por el nuevo hecho y, al unificarse con una condena anterior, quedó en 8 años y 6 meses. Además, Moreno fue declarado reincidente por segunda vez.

Los dos episodios que lo delataron

La investigación arrancó con dos hechos ocurridos dentro de la unidad penitenciaria. El primero fue el 18 de agosto de 2024, cuando el personal advirtió que Moreno volvía del salón de visitas hacia el sector Polimodal de Tratamiento, Pabellón A, con un bulto escondido a la altura de la cintura. En la requisa, hecha con control judicial, aparecieron 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína.

El segundo episodio se registró el 18 de febrero de 2025. Esta vez, un control con el sistema de body scan (escaneo corporal) detectó que llevaba otro envoltorio con 82 gramos de marihuana. El peritaje químico determinó que el total de lo secuestrado en ambos procedimientos equivalía a más de 2.700 dosis.

La fiscalía formalizó la investigación el 27 de febrero pasado. Además de la droga, reunió testimonios y datos extraídos del teléfono celular del imputado que permitieron acreditar sus vínculos con la organización que comercializaba estupefacientes dentro del penal. Esa estructura fue desbaratada tras una investigación de la Fiscalía de Distrito Salta, encabezada por Villalba con la intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual. En junio de 2025, ocho internos y una mujer fueron imputados por integrarla.

El acuerdo, el rechazo y la pulseada judicial

El 29 de julio, en la audiencia de control de la acusación, la defensa manifestó su intención de llegar a una solución alternativa del conflicto, según prevé el Código Procesal Penal Federal. El 12 de agosto, Villalba presentó ante el juez federal de Revisión Guillermo Elías los términos del acuerdo: pena unificada de 8 años y 6 meses más la reincidencia por segunda vez.

El fiscal sostuvo que, más allá de la conformidad del acusado, "hay suficientes pruebas que acreditan su responsabilidad penal", entre ellas las declaraciones de testigos y los datos de su celular que confirman su vínculo con la red de venta de drogas. También recordó la situación caótica que se vivía en el Complejo NOA III por el dominio de una organización narcocriminal interna, lo que motivó en junio del año pasado un allanamiento sorpresivo con un gran número de gendarmes.

"Apenas comenzó la medida, se pudo ver cómo volaba por las ventanas de las celdas, la droga que corría entre los internos", señaló el fiscal al evocar aquel operativo, registrado en videos con cámaras de un dron.

El juez Elías no homologó el acuerdo en esos términos. Reconoció la labor del Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la droga dentro del penal, pero consideró que el acuerdo le resultaba por demás favorable a Moreno pese a su reincidencia. Entendió que el límite para ese tipo de acuerdos era de seis años y que la unificación con la condena anterior debía resolverla el juez de ejecución. Impuso entonces la pena de 6 años y difirió la unificación.

La fiscalía impugnó esa decisión por modificar los términos del acuerdo y poder resultar más gravosa para el imputado. "Moreno es culpable y debe responder", pero no "podemos tampoco desconocerle su derecho a esta solución alternativa", planteó. La defensa acompañó el reclamo.

Al revisar el caso, el juez French hizo lugar a la impugnación y homologó el acuerdo tal como lo había propuesto el Ministerio Público Fiscal, con lo que la pena única quedó en 8 años y 6 meses de prisión. El magistrado sostuvo que, cuando hay un juez activo dictando la última sentencia, este debe unificar y no diferir la decisión para la etapa de ejecución. También señaló que los hechos por los que fue condenado Moreno son anteriores a la reforma del artículo 58 del Código Penal de marzo de 2025, que cambió el sistema de estimación judicial global por el de la suma aritmética estricta.