Rematan las camionetas y obradores de la constructora de Lázaro Báez: los precios que sorprenden
La Justicia empezó a rematar camionetas, utilitarios y obradores de la constructora de Lázaro Báez en la página de subastas de la Corte. Los precios base ya están a la vista, pero el destino de los bienes más pesados sigue trabado en otros tribunales.
La Justicia puso en marcha la subasta de los bienes que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la firma del empresario condenado Lázaro Báez. Camionetas, utilitarios y obradores prefabricados ya se ofrecen a través de la plataforma oficial de remates de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida es uno de los incidentes del proceso de quiebra de la compañía, que se abrió en 2017 y tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial 28. En un incidente de restitución de bienes, ese tribunal ordenó enviar los activos al área de subastas judiciales que depende del máximo tribunal.
Qué se remata y a qué precio
El listado incluye seis camionetas Chevrolet S10 con un precio base de $2.200.000 cada una, una Mercedes Benz Sprinter que arranca en $5.100.000 y una Renault Máster con un valor inicial de $7.200.000.
A esos vehículos se suman once módulos Tecnimet, que se subastan en dos tandas: una con cuatro unidades y otra con las siete restantes. Son casillas prefabricadas de chapa, similares a un contenedor, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Estos módulos funcionaban como obradores al costado de la ruta y se usaban como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. Los interesados pueden consultar el lugar donde se encuentran y un detalle del estado de cada uno.
Una plataforma para transparentar las pujas
La Corte Suprema creó en 2025 la plataforma online de remates, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El objetivo fue transparentar el mecanismo de subastas, hacerlo más accesible, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación en todo el país sin intermediarios.
Por esa vía ya se remataron, días atrás, un departamento de tres ambientes en el complejo River View de Puerto Madero con precio base de 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, en el partido de Moreno.
Actualmente hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en Mar del Plata con base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a distintas causas judiciales.
La quiebra y los otros frentes judiciales
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo en Río Gallegos. En abril de 2024 ya se había rematado maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025 se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos. Y en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por 200.000 dólares por un inmueble en esa ciudad. Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
Mientras tanto, otros tribunales también buscan ejecutar los bienes que quedan en pie de Báez. El Tribunal Oral Federal 2 lo condenó en la causa Vialidad y el Tribunal Oral Federal 4 hizo lo propio en la causa de la “Ruta del dinero K”.
En el caso del lavado, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet. Desde diciembre de 2025, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares. Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por la causa Vialidad, en tanto, está pendiente el decomiso. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes figuran un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.