Renunció el vocero de Figueroa: una disputa judicial por su hijo lo dejó fuera del Gobierno

Claude Staicos presentó su renuncia como secretario de Prensa y Comunicación del Gobierno provincial, en el marco de una disputa judicial por la tenencia de uno de sus hijos. La decisión se conoció este miércoles por la tarde a través de sus redes sociales.

"Cuestiones familiares me exigirán el máximo tiempo y dedicación. Agradezco especialmente al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno por la confianza profesional y el trabajo compartido", escribió en su cuenta de X.

La renuncia se da días después de que se llevara a cabo una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde las partes llegaron a un principio de acuerdo. Tras la instancia de mediación, el menor regresó al domicilio paterno, lo que llevó a Staicos a apartarse de su cargo para ocuparse de su situación familiar.

Antecedentes

En octubre del año pasado, el funcionario ya se había tomado una licencia por similares circunstancias. En ese momento, explicó que la decisión respondía a "la necesidad de dedicarse a la revinculación con su hijo y a la recomposición del vínculo familiar", luego de haber sufrido la obstrucción del vínculo durante más de cinco años.

En la audiencia participaron la jueza de Cámara en lo Civil Patricia Clerici, la jueza de Familia Adriana Luna, el Defensor del Niño, Niña y Adolescente Lautaro Arévalo, junto a ambos progenitores y sus abogados. También estuvieron presentes profesionales del equipo interdisciplinario del fuero de familia.

El comunicado de la Justicia

La Sala Penal del TSJ informó que el 8 de julio de 2026 se confirmó la condena de la madre del niño, identificada como J.A.S., por impedimento de contacto de menores con sus padres no convivientes. La mujer había sido condenada a seis meses de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta por tres años.

El delito está previsto en el artículo 1° de la ley 24.270, que sanciona a quien impide u obstruye el contacto de un hijo con el progenitor no conviviente, con una escala agravada cuando el niño es menor de diez años.

Según el texto oficial, el 21 de mayo de 2025 un juez penal declaró la responsabilidad penal de la acusada como autora del delito. El 27 de noviembre del mismo año fijó la pena y estableció reglas de conducta, entre ellas la prohibición absoluta de contacto con el denunciante y el resguardo de la imagen y el nombre del niño y de su progenitor.

La defensa impugnó la condena y, en marzo de 2026, el Tribunal de Impugnación revocó la sentencia y absolvió a la acusada. Contra esa decisión, el Ministerio Público Fiscal y la querella presentaron impugnaciones extraordinarias. La Sala Penal declaró inadmisible el recurso del Ministerio Público Fiscal y admitió parcialmente el de la querella.

De esta forma, revocó la absolución y, ejerciendo competencia positiva, resolvió directamente la impugnación ordinaria de la defensa contra la condena. Rechazó todos sus agravios y confirmó tanto la sentencia de responsabilidad como la de pena, al considerar que el juez del juicio arribó a una solución ajustada a las circunstancias del caso, debidamente acreditadas y con el grado de certeza que exige una condena.