Represas: el ministro de Energía exigió que los proveedores también sean santacruceños
La obra más grande del país vuelve a movilizarse, pero el ministro dejó una condición que puede cambiar el tablero: no alcanza con contratar gente de la provincia.
La reactivación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz no solo promete recuperar miles de puestos de trabajo, sino que también abre una discusión clave: quiénes serán los proveedores de insumos y servicios de la obra pública más grande del país.
El gobernador Claudio Vidal anunció que se destrabó la transferencia de $45.000 millones que acreditó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) para poner en marcha los trabajos. Ahora, el Ejecutivo provincial detalló los alcances operativos y las exigencias que acompañarán el reinicio de las labores.
En declaraciones a LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, brindó precisiones sobre el esquema de contratación, el impacto en el empleo y las gestiones que encabezó el gobernador para liberar los fondos retenidos.
Mano de obra local
“Esperamos que la empresa Gezhouba pueda avanzar muy rápidamente en las licitaciones y concursos de precios necesarios para la compra de materiales como cemento e hierro, la incorporación de personal santacruceño que ya ha trabajado en represas, más aquellos servicios e insumos que se requieran de gastronomía, transporte de carga y de personal. Hay que avanzar muy rápidamente para aprovechar esta temporada antes de que el próximo invierno disminuya el trabajo por bajas temperaturas. Tenemos que aprovechar de la mejor manera posible de septiembre a abril o mayo del año que viene”, sostuvo Álvarez.
El ministro recordó que la obra se detuvo en el invierno de 2023 por diferencias entre el Gobierno nacional, a través de Enarsa, y la UTE contratista. La reactivación se logró tras gestiones directas de Vidal con el embajador chino, autoridades de China Energy, Gezhouba Group y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
Provincia asumirá un rol activo en la fiscalización del proyecto a través del Ministerio de Trabajo y la cartera de Energía para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
“Por directiva del gobernador se va a trabajar muy fuertemente con el sindicato de la construcción para que, como marca la ley, se cumpla el mínimo del 90% de empleo santacruceño. De la misma manera se va a trabajar con proveedores de insumos y prestadores de servicio a través de las cámaras empresariales para que la mayor cantidad de los insumos sean santacruceños y los servicios en vigilancia, transporte y gastronomía sean con empresas y trabajadores de Santa Cruz. Esperamos también que los análisis técnicos de Gezhouba permitan que el cemento que se va a utilizar sea de Pico Truncado para generar trabajo en el norte”, afirmó el ministro.
Finanzas
Respecto a la demanda laboral directa e indirecta y la proyección presupuestaria para sostener los trabajos, Álvarez precisó las cifras operativas del proyecto: “La obra va a requerir una inversión aproximada de 20 millones de dólares mensuales, lo que significa entre 200 y 300 millones de dólares anuales para su finalización. El personal va a demandar en poco tiempo más entre 1.600 y 1.800 puestos de trabajo en forma directa, más aquellos trabajos indirectos de las empresas de servicio”, indicó.
En cuanto al flujo financiero enviado desde el exterior, el titular de la cartera energética explicó que los primeros USD150 millones girados corresponden a deudas de trabajos previos acumuladas entre las partes. “Esos fondos se van a ir desembolsando a medida que las gestiones administrativas se lleven adelante por el área de recursos hídricos nacional. Esto tiene que ser en forma permanente y continua. Este pago es un inicio para comenzar los trabajos, pero tiene que ser un desembolso mensual y paulatino para que no se pare la obra y tenga un avance coherente. Si mostramos eficiencia en llevar adelante estos trabajos en tiempo y forma, seguramente podremos hablar del desarrollo de la segunda represa también”, concluyó Álvarez.