Requisas vejatorias en penales de Río Negro: el informe que alerta al Comité contra la Tortura

Denuncias por requisas violentas y humillantes en penales de Río Negro no cesan. El Comité contra la Tortura pide cambios urgentes en el protocolo, pero las prácticas denunciadas siguen. ¿Qué encontraron en las inspecciones?

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Requisas vejatorias en penales de Río Negro: el informe que alerta al Comité contra la Tortura
Requisas vejatorias en penales de Río Negro: el informe que alerta al Comité contra la Tortura

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó un informe técnico que denuncia prácticas abusivas y vejatorias en las requisas a detenidos y visitantes en cárceles de Río Negro. El documento surge a raíz de denuncias del Observatorio de Derechos Humanos de la provincia, que en 2025 registró múltiples casos de malos tratos.

Qué dice el informe

Según el CNPT, en agosto de 2025 el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro presentó un hábeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. Entre los fundamentos se mencionaron "reiteradas denuncias de familiares por prácticas abusivas y requisas vejatorias" en los ingresos a los penales.

La acción fue rechazada, pero el tribunal instó al Servicio Penitenciario Provincial a elaborar un protocolo específico en un plazo de quince días. Así, el Director General del Servicio Penitenciario aprobó el protocolo de requisa y registro para Personas Privadas de la Libertad (PPL), visitantes, personal y objetos, mediante la Disposición General N° 460.

Sin embargo, el CNPT señaló que las denuncias continuaron después de la entrada en vigencia del protocolo, lo que motivó nuevas acciones de hábeas corpus y la creación de una mesa de diálogo interinstitucional.

Denuncias de violencia y humillaciones

En las visitas de inspección a la provincia, el CNPT identificó "deficiencias" en los procedimientos de requisa sobre PPL, en las inspecciones de celdas y en los controles a familiares y visitantes. Una de las denuncias más recurrentes apunta a los llamados "grupos especiales" o "grupos de choque", que suelen estar a cargo de las requisas, los traslados y las intervenciones en conflictos.

Las personas entrevistadas relataron que las requisas corporales se realizaban "de forma violenta", con golpes, cachetadas y patadas mientras estaban desnudas frente a otros detenidos. También dijeron que eran obligadas a hacer flexiones o ponerse en cuclillas. En el penal de Cipolletti, además, se denunció que se tomaban fotografías de personas desnudas durante los procedimientos.

Las requisas de celdas también fueron señaladas como un momento de alta conflictividad y violencia.

El drama de los familiares

El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro informó en 2025 sobre una práctica sistemática de requisas vejatorias, humillantes y abusivas hacia familiares, principalmente mujeres, que concurrían a las visitas. Entre las prácticas denunciadas figuran tocamientos invasivos, requisas corporales integrales sin personal de salud, exposición de niñas, niños y adolescentes a situaciones inapropiadas, e intentos de requisa a personas adultas mayores y a niñeces.

El organismo destacó que "el problema no radicaba en la realización de controles de seguridad, sino en su modalidad de ejecución", por su carácter humillante, arbitrario y contrario a los estándares de derechos humanos y al propio protocolo vigente.

Qué pide el CNPT

El Comité considera indispensable revisar el protocolo para adecuarlo a los estándares internacionales, eliminar criterios ambiguos que habilitan requisas invasivas, delimitar estrictamente las circunstancias excepcionales que justifiquen medidas de mayor intensidad, incorporar dispositivos tecnológicos como mecanismo prioritario de control y establecer procedimientos diferenciados para detenidos y visitantes.

El informe recuerda que la ley provincial 3008 establece que el tratamiento de las personas privadas de libertad debe estar exento de torturas, malos tratos y procedimientos vejatorios, y prevé responsabilidad penal y disciplinaria para el personal que ordene, autorice o ejecute esas prácticas.

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