Revelación escalofriante: 78 condenados por crímenes de lesa humanidad seguían cobrando del Estado

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas expuso una situación que pone en jaque los compromisos del Estado en materia de derechos humanos. Durante años, decenas de militares y policías con sentencia firme por delitos de lesa humanidad mantuvieron su estatus de retiro, percibiendo pensiones y beneficios, sin ser dados de baja. La investigación, que comenzó a fines de 2022, descubrió al menos 78 casos y, pese a las solicitudes formales, más de 50 persisten en esa condición.

Todo partió de un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. La solicitud se centraba en tres casos concretos: dos en la extinta Policía Federal y uno en Gendarmería Nacional.

Al indagar, la PIA no solo confirmó que esos agentes estaban retirados, sino que abrió una caja de Pandora. Descubrió que el problema no era aislado, sino que se replicaba en la Prefectura, la Policía Federal y, de manera alarmante, en las tres Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

¿Qué significa estar “retirado” y no “dado de baja”?

La diferencia no es un mero tecnicismo administrativo. El informe de 34 páginas es contundente: mantener a un condenado en situación de retiro implica que el Estado sigue reconociendo un vínculo institucional con esa persona.

Este vínculo conlleva derechos y prerrogativas. Entre ellos, el cobro de una pensión o jubilación y el acceso a la obra social de la fuerza. Pero hay un detalle aún más inquietante que revelaron fuentes de la investigación: al mantener ese lazo jerárquico, técnicamente, estos exagentes podrían volver a ser convocados en alguna circunstancia.

Para la Procuraduría, dar de baja a estos condenados no es una opción, sino una obligación. Argumenta que es una “consecuencia necesaria de las sentencias penales firmes” y un “presupuesto indispensable para su ejecución integral”. Además, subraya que este deber se inscribe en los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por Argentina.

El mapa de los condenados que seguían en actividad

El relevamiento arrojó cifras concretas y preocupantes. En muchas fuerzas, agentes condenados fallecieron sin haber sido dados de baja, perpetuando un error administrativo y ético.

Al momento de la verificación, la PIA encontró 11 agentes en esa situación en la Prefectura Naval. Sin embargo, el número más abultado correspondió al Ejército Argentino: al 28 de diciembre de 2023, de 101 agentes condenados con sentencia firme, 55 se encontraban en situación de retiro.

En la Armada Argentina se identificaron 7 casos y en la Fuerza Aérea, 2. Estos hallazgos llevaron a la Procuraduría a iniciar una serie de pedidos formales de baja dirigidos a los máximos jefes de cada fuerza.

El proceso no fue uniforme. A Gendarmería y Prefectura se les solicitó la baja de 4 y 1 agentes, respectivamente, el 27 de octubre de 2023. A la Policía Federal se le pidió la baja de 9 agentes en diciembre de ese mismo año.

Pero fue en las Fuerzas Armadas donde los números fueron mayores y los pedidos, posteriores. Al Ejército, el 15 de septiembre de 2024, se le requirió la baja de 55 agentes (32 directamente y 23 a gestionar ante Defensa), sumando luego otros tres casos. A la Armada y la Fuerza Aérea se les pidió la baja de 7 y 2 agentes, respectivamente, el 29 de octubre de 2024.

Un dato político relevante es que el jefe del Ejército al momento de la solicitud de baja de los 55 casos era Carlos Presti, quien en diciembre de 2024 dejó el cargo para convertirse en el ministro de Defensa de la Nación.

Demoras “inexplicables” y un problema que persiste

Pese a las gestiones, el informe publicado a principios de marzo revela que los obstáculos administrativos continúan. Denuncia “demoras sustanciales y obstáculos administrativos, inexplicables” que mantienen trámites inconclusos.

El resultado concreto es que, al momento de la publicación del documento, al menos 50 de estos exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad seguían figurando como retirados, en una clara contradicción con las sentencias judiciales.

La PIA remarcó que esta situación es “incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas” del Estado y evidencia “un problema estructural” en la desvinculación de condenados por los crímenes más graves juzgados desde 1983. El informe fue elevado a todas las esferas políticas nacionales, aunque, según consultas del medio, muy pocos estaban al tanto de su contenido y gravedad.