Revocan un sobreseimiento clave: la Justicia federal ordenó el procesamiento de Felipe “El Militar” Sosa por un hallazgo polémico

La Cámara Federal de Tucumán revocó un fallo que había beneficiado a Felipe Sosa y otros dos hombres, ordenando ahora su procesamiento. El tribunal consideró que la cantidad de marihuana secuestrada en una casa de Yerba Buena “impide encuadrar el caso como consumo personal”, abriendo la puerta a un juicio por tenencia simple de estupefacientes.

La decisión judicial deja sin efecto el sobreseimiento dictado el 10 de abril de 2025 por el Juzgado Federal N°2. En aquella instancia, el juez había desvinculado a Felipe Sosa, Francisco Hernán Pavón y Marcos Rivera, argumentando falta de elementos para inferir comercio de drogas.

Sin embargo, la apelación del fiscal federal Rafael Alberto Vehils Ruiz logró revertir esa situación. El Ministerio Público Fiscal había cuestionado aquella resolución, calificándola de prematura y señalando que carecía de un análisis integral de todas las pruebas reunidas en la causa.

¿Qué fue lo que encontraron realmente?

El origen del caso se remonta a un allanamiento realizado en junio de 2023 en un domicilio del departamento de Yerba Buena. En ese operativo, las fuerzas de seguridad incautaron un total de 162 plantas y plantines de cannabis.

Además de la vegetación, se secuestraron flores y marihuana ya compactada. El peso total del material decomisado ascendió a 458,72 gramos, una cantidad que, según los cálculos de la justicia, equivale aproximadamente a 611 cigarrillos armados.

El argumento de la defensa y la contundente respuesta de la Cámara

Una de las piedras angulares de la defensa de los imputados era que todos contaban con autorización del programa REPROCANN, el registro nacional que habilita el cultivo para fines medicinales y de investigación.

No obstante, los jueces cameristas fueron contundentes en su análisis. Determinaron que “las cantidades detectadas excedían ampliamente los límites permitidos” para un uso personal o terapéutico. En su fallo, advirtieron expresamente que la inscripción en el REPROCANN “no implica una presunción automática de legalidad” ante volúmenes tan significativos.

Felipe Sosa es el principal imputado por la muerte de la joven, cuyo cuerpo apareció oculto en bolsas de consorcio, en un basural de la zona de Manantial Sur.

En su recurso, el fiscal Vehils Ruiz había sostenido que el sobreseimiento inicial fue “arbitrario”. Criticó que el juez de primera instancia omitió valorar indicios cruciales, como la escala del cultivo interior y el grado de tecnología empleada en su mantenimiento.

La postura del fiscal fue que, incluso descartando de momento la hipótesis de comercialización, la conducta de los imputados encuadraba perfectamente en la figura de “tenencia simple” prevista por la ley de drogas.

Un fallo que marca un precedente y ordena nuevas diligencias

La Cámara Federal coincidió en gran medida con la visión del Ministerio Público. Los magistrados entendieron que el “despliegue logístico” necesario para mantener ese cultivo “supera con creces lo compatible con el consumo personal o terapéutico”.

Bajo esta lógica, concluyeron que existe un “juicio de probabilidad” más que suficiente para avanzar con el procesamiento de los tres hombres bajo la Ley 23.737. “El sobreseimiento sólo procede cuando la inexistencia del delito surge de manera clara e inequívoca, lo que no ocurre en este caso”, fundamentaron los jueces.

El tribunal hizo hincapié en que la investigación se encuentra aún en una etapa muy incipiente, por lo que cerrarla era prematuro. Además de ordenar el procesamiento, impartió directivas para profundizar la pesquisa.

Se dispuso la citación del médico que intervino en las inscripciones de los imputados al REPROCANN, buscando evaluar la veracidad de los diagnósticos presentados. También se ordenó analizar en profundidad las condiciones de salud que alegan los investigados.

Este nuevo proceso judicial se suma a la grave situación penal que ya enfrenta Felipe “El Militar” Sosa, quien se encuentra actualmente detenido como principal imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez. Este antecedente por un delito grave podría influir decisivamente en las medidas cautelares que se definan dentro de esta causa por drogas.

El fallo cerró con una reflexión que trasciende el caso: “Tenemos que involucrarnos todos y buscar el mejor funcionamiento, la confianza y la seguridad para no volver a cometer errores”, subrayando la necesidad de rigor en cada etapa del proceso judicial.