Río Gallegos debate cambios en taxis y remises: lo que podría cambiar para los pasajeros

La Municipalidad de Río Gallegos abrió una nueva ronda de conversaciones con taxistas y remiseros para actualizar la normativa que regula el servicio. La medida apunta a revisar exigencias que, según el Ejecutivo, quedaron desfasadas frente a la realidad actual del transporte.

La discusión fue impulsada por la Secretaría de Gobierno, a pedido del intendente Pablo Grasso, y de las reuniones participan el jefe de Gabinete, Diego Robles, y el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz. El punto de partida es un diagnóstico compartido: los hábitos de los usuarios cambiaron, los costos de mantener un vehículo habilitado subieron y la irrupción de plataformas digitales modificó la competencia.

Durante 2025, taxistas y remiseros de la capital santacruceña advirtieron públicamente por la caída de la actividad y reclamaron respuestas ante el avance de Uber y otros servicios informales. La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, defendió la intención de modernizar sin desregular: “No queremos bajar la vara porque Río Gallegos es la capital de Santa Cruz. Lo que queremos es revisar reglas que fueron pensadas para otra realidad y que hoy pueden convertirse en un obstáculo para quienes cumplen con la normativa. Modernizar no es desregular: es hacer que las reglas tengan sentido en la ciudad que tenemos hoy”.

Qué se está discutiendo

La modificación propuesta alcanza a la Ordenanza Municipal N.º 5.838/06, que establece el Régimen, Funcionamiento y Control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. Entre los puntos que se analizan junto al sector aparecen los tipos de vehículos que pueden afectarse al servicio —con foco en las exigencias de cilindrada y capacidad del baúl—, el color de las unidades, la vida útil de los autos y la transición de paradas exclusivas hacia un esquema de paradas libres.

Para Delgado, la discusión no se limita a quitar requisitos: “la discusión no se limita a quitar requisitos sino a preguntarnos qué controles siguen siendo indispensables, cuáles pueden modernizarse y cuáles quedaron atados a una forma de prestar el servicio que ya cambió, pero es algo que estamos construyendo junto a los trabajadores”.

El Municipio sostiene que no está a favor de Uber ni de la expansión del transporte informal, pero reconoce que la economía de plataformas ya forma parte de los hábitos de consumo y que no se resuelve simplemente desconectando una aplicación. Por eso, la decisión del Ejecutivo es fortalecer lo que sí puede garantizar: un sistema legal, identificado, controlado y con responsabilidades concretas frente al pasajero.

En ese marco, Paulo Ortiz remarcó: “nosotros defendemos al transporte legal porque atrás de cada viaje hay una persona. Y si ocurre un siniestro con pasajeros arriba, tiene que haber un responsable, un seguro y un Estado que pueda intervenir. Los pasajeros son nuestros vecinos y nuestras vecinas”.

Antecedentes de acompañamiento al sector

El camino de diálogo no es nuevo. En abril de 2025, después de las protestas de taxistas y remiseros, el Ejecutivo acordó bonificar la inspección anual adeudada por más de 200 unidades y abrió una instancia de diálogo con los trabajadores. La misma lógica se aplicó al transporte urbano: mientras el contexto nacional puso en crisis el financiamiento del servicio y varias ciudades redujeron recorridos, Río Gallegos amplió trayectos y sumó usuarios. Según informó el Municipio, más de 5.000 familias se incorporaron al transporte público durante 2024 y la ciudad superaba los 13.000 boletos diarios.

La intención con taxistas y remiseros es que de esas conversaciones surja una propuesta concreta para elevar al Concejo Deliberante, con menos cargas innecesarias, reglas más actuales y un sistema que pueda competir desde la legalidad, sin resignar los estándares que protegen a quienes viajan.