Río Gallegos: la empresa del vaciadero no pudo mostrar ni un papel y ahora deberá pagar una fortuna

La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz formalizó un sumario administrativo contra la Municipalidad de Río Gallegos y contra Nueva Santa Cruz S.A.S., la concesionaria que maneja los residuos sólidos urbanos en el predio sobre la Ruta Nacional N° 40, en la zona de Punta Loyola. La decisión derivó en una sanción económica que supera los 46 millones de pesos.

A través de la Disposición N° 320-SEA/2026, la autoridad provincial aplicó una multa de $ 46.692.500 después de comprobar deficiencias operativas severas y un daño concreto sobre los campos productivos que rodean el relleno sanitario.

Lo que encontraron en la primera inspección

El 17 de diciembre de 2025, los técnicos labraron el Acta N° 14/2025/SEA/ZS. Allí dejaron asentado que se trabajaba en la fosa N° 2 con residuos frescos en el sector reservado para desechos frigoríficos. También detectaron “contenedores con hidrocarburos anexo a la instalación” y “un derrame en el suelo”.

Con ese panorama, se intimó a la firma a “evaluar alternativas para evitar la dispersión de residuos ante inclemencias climáticas”, a “acotar el tiempo de operación de la fosa frigorífica” y a “remediar los derrames de hidrocarburos”.

La auditoría que lo complicó todo

El 5 de marzo de 2026 llegó una nueva auditoría, la del Acta N° 13/2026/SEA/ZS. Cuando los inspectores pidieron ver la Declaratoria de Impacto Ambiental, la habilitación comercial y el Certificado de Aptitud Ambiental, la respuesta de la empresa quedó registrada en el expediente: “manifiesta no poseerlos”.

El relevamiento técnico sumó más faltas. La base del módulo tenía “retazos de geomembrana que van consiguiendo de las petroleras”, no se observaba compactación de residuos con topadoras y tampoco había recolección de líquidos lixiviados ni infraestructura para el venteo de biogás.

El cuadro se completó con fosas para residuos orgánicos de frigoríficos “sin inertizar con cal ni cobertura”, la ausencia de un recinto para residuos peligrosos y manchas de hidrocarburos alrededor del tanque de combustible.

El daño que llegó hasta la Estancia Punta Loyola

A partir de esas anomalías y de las denuncias por afectaciones en los campos de pastoreo de la Estancia Punta Loyola, los informes técnicos confirmaron “una grave e irregular pluma de dispersión de residuos plásticos” sobre terrenos productivos lindantes.

El dictamen legal fue duro con la concesionaria. Señaló que la empresa mostró “una escasa voluntad de adecuación a las directrices de la responsabilidad social empresaria” y que sus incumplimientos, “por su extensión y gravedad, sin lugar a dudas constituyen una actitud por completo desaprensiva del cuidado del ambiente y del respeto a la normativa legal vigente”.

Multa, registro de infractores y órdenes concretas

La sanción no se limitó al pago de los 46 millones de pesos. La provincia inscribió a Nueva Santa Cruz en el Registro Provincial de Infractores Ambientales y le impuso una serie de mandatos de cumplimiento estricto.

La intimación exige cesar de inmediato con la disposición y dispersión de plásticos, tomar las medidas operativas en el frente de descarga para frenar la fuga y presentar un “Plan de Mitigación, Limpieza e Intervención de emergencia para la recolección integral de los residuos dispersos en la zona afectada de la Estancia Punta Loyola”.

También deberá completar en diez días los trámites para obtener la Declaratoria de Impacto Ambiental y el Certificado Ambiental Anual. Si no lo hace, la provincia advirtió que avanzará con acciones judiciales y que la responsabilidad solidaria alcanzará a los directores, administradores y gerentes de la sociedad.

Una crisis ambiental y productiva

El escenario en el relleno sanitario y el vaciadero municipal de Río Gallegos configura una crisis ambiental y judicial que llega hasta noviembre de 2026. En la Estancia Punta Loyola el impacto es productivo: los fuertes vientos patagónicos dispersan plásticos a lo largo de más de 5.500 hectáreas de pastoreo.

La contaminación pone en riesgo a la ganadería local y altera el metabolismo de los animales por la ingesta de microplásticos. La consecuencia ya se mide en el establecimiento: el rodeo pasó de más de 1.000 ovejas a unos 600 ejemplares. A ese cuadro se suma la caducidad del marco regulatorio del predio.