Río Gallegos llevó su voz al Congreso Penal Juvenil: la advertencia de Chalub sobre la nueva ley

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Gallegos, Julia Chalub, participó del 4° Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil en Salta, donde advirtió sobre las dificultades para aplicar la Ley 27.801. El encuentro reunió a especialistas de todo el país, de Chile y de organismos internacionales para debatir el futuro de la justicia juvenil.

Durante las jornadas se abordaron ejes clave como la aplicación de la Ley 27.801, la salud mental, la protección integral de los derechos de niños y adolescentes, el rol del Estado y la importancia del trabajo interdisciplinario. Participaron disertantes de distintas provincias argentinas, representantes de Chile e integrantes del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, entre otras organizaciones de peso.

Para Chalub, la experiencia resultó fundamental para estrechar lazos entre las áreas de niñez y adolescencia de todo el país y para conocer en profundidad las nuevas formas de tratar la problemática del delito juvenil.

Un diagnóstico compartido: falta de presupuesto y especialización

La funcionaria santacruceña destacó el congreso como un espacio de intercambio entre representantes judiciales, equipos técnicos y organismos de distintas jurisdicciones. En ese marco, señaló que uno de los temas centrales fue la situación actual de la implementación de la normativa penal juvenil y las dificultades que atraviesan las provincias.

Chalub explicó que existe una problemática común: la falta de presupuesto y de dispositivos adecuados para garantizar la aplicación de la ley, sumada a la necesidad de contar con profesionales especializados en materia penal juvenil. Remarcó que esa especialización debe alcanzar no solo a los equipos técnicos, sino también a jueces, defensores y a todos los actores que intervienen en el sistema.

"Sistema penal juvenil" y no solo un régimen penal

Uno de los conceptos centrales que surgió durante el Congreso fue la necesidad de pensar en un "sistema penal juvenil" y no solamente en un régimen penal. Según explicó Chalub, esto implica fortalecer todos los mecanismos de intervención que existen antes de llegar a un proceso penal o a una medida de privación de la libertad, que debe ser considerada como la última alternativa.

La referente santacruceña señaló que, a partir de la nueva legislación, distintas situaciones pueden quedar comprendidas dentro del sistema penal, pero advirtió que existen numerosas herramientas que deben ser utilizadas previamente para abordar esas situaciones. "La última opción es la privación de la libertad", sostuvo, al destacar la importancia de generar dispositivos adecuados para el acompañamiento y la intervención.

El caso de Santa Cruz y el desafío a futuro

Durante las jornadas también se trabajó en un relevamiento sobre la situación del sistema penal juvenil en las distintas provincias. En este punto, Chalub dijo que Santa Cruz no atraviesa situaciones que ubiquen a menores de edad ante esta nueva ley, por lo que instó a trabajar de manera preventiva y a garantizar cada vez más derechos de manera local.

"La Ley Penal Juvenil busca sanear el déficit que ha tenido el Estado", señaló. En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos hacia adelante será profundizar un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, con eje en la protección de los derechos de niños y adolescentes, entendidos como sujetos de derecho.