Río Gallegos se movilizó por quinta vez: el número que el Gobierno no quiere discutir

La comunidad universitaria de Río Gallegos volvió a salir a la calle este jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su epicentro en la esquina de avenida Kirchner y San Martín, donde docentes, estudiantes, trabajadores universitarios, sindicatos y espacios políticos se concentraron para leer el documento nacional en defensa de la educación pública. La movilización se replicó en simultáneo en distintas ciudades del país.

La protesta tuvo como ejes el reclamo por el financiamiento de las universidades, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y el cumplimiento de la Ley 27.795. También apuntó contra el presupuesto nacional de 2027 y las dificultades que atraviesa el sistema científico.

Durante la apertura, una de las voces de la organización agradeció la presencia de vecinos y sindicatos, y remarcó la importancia de sostener la universidad pública en una provincia extensa y alejada de los principales centros urbanos. "Defender nuestros sueños es garantizar el futuro", fue una de las consignas que se escucharon en el acto.

El pedido de cumplimiento de la Ley 27.795

Uno de los puntos centrales del documento leído en Río Gallegos fue la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establece mecanismos para sostener los recursos de las universidades públicas y recomponer los salarios de sus trabajadores.

La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, después de que ambas cámaras insistieran en su aprobación frente al veto presidencial. Al promulgarla, el Poder Ejecutivo dispuso suspender su ejecución con el argumento de que primero debía definirse el financiamiento de las erogaciones previstas.

El conflicto llegó a la Justicia. En diciembre de 2025, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con el cumplimiento de disposiciones vinculadas con la actualización presupuestaria y salarial, además de las becas estudiantiles. En septiembre de 2026, el juez Martín Cormick volvió a intimar al Estado nacional para que cumpliera con la medida, con un plazo de cinco días y el apercibimiento de aplicar sanciones económicas por la demora.

Los organizadores cuestionaron el incumplimiento de la ley y sostuvieron que la discusión excede las necesidades administrativas de las universidades. Según expresaron, está en juego la posibilidad de sostener la enseñanza, la investigación y el acceso a la educación superior en todo el territorio argentino.

Salarios, becas y el costo de estudiar

El reclamo también puso el foco en el deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes, junto con la pérdida de poder adquisitivo de las becas destinadas a estudiantes.

El documento señaló que las ayudas económicas son una herramienta necesaria para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de quienes cursan carreras universitarias, especialmente de aquellos que deben trabajar o afrontar gastos de transporte, materiales y alojamiento.

En ese apartado se cuestionó la situación de las becas Progresar y se afirmó que sus montos permanecían congelados en $35.000 desde 2024. La cifra fue mencionada durante la lectura del documento como parte del diagnóstico presentado por los convocantes. También se plantearon preocupaciones por las becas Manuel Belgrano y por los programas de estímulo destinados a la formación de jóvenes investigadores. Según el documento, la reducción de estas herramientas puede dificultar la continuidad de las trayectorias educativas y científicas.

Presupuesto 2027: la discusión que viene

Otro de los ejes de la movilización fue el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Durante la lectura, los organizadores afirmaron que la propuesta no contempla los recursos que consideran necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y recuperar las pérdidas acumuladas.

El documento sostuvo que el presupuesto universitario debería incrementarse un 33,4% respecto de lo previsto en el proyecto oficial. Ese porcentaje corresponde al planteo expuesto durante la marcha y no debe confundirse con un aumento ya aprobado.

La discusión enfrenta dos posiciones: el Gobierno nacional impulsa su propio esquema presupuestario, mientras que el sistema universitario reclama partidas suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento, recomponer salarios y sostener las becas. La diferencia también alcanza a la planificación de las actividades académicas para el próximo año. Las universidades necesitan prever recursos para el mantenimiento de edificios, la compra de equipamiento, el funcionamiento de laboratorios y el desarrollo de proyectos de investigación.

Qué implica el reclamo para Santa Cruz

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) tiene presencia en distintas localidades santacruceñas y cumple un papel relevante en la formación profesional, la investigación y la vinculación con las comunidades de la provincia.

Por esa razón, la discusión sobre el financiamiento no se limita a los salarios o a las cuentas de cada institución. También involucra la continuidad de carreras, el acceso de estudiantes de distintas localidades y la posibilidad de desarrollar investigaciones relacionadas con las necesidades sociales y productivas de Santa Cruz.

En el documento leído durante la movilización se advirtió que las dificultades presupuestarias pueden repercutir en las tareas de investigación, las actividades de extensión y la actualización del equipamiento científico. Además, se planteó preocupación por la salida de investigadores formados en el país hacia otros sistemas científicos.

La convocatoria cerró con una defensa de la universidad pública como herramienta de movilidad social y desarrollo nacional. Los participantes insistieron en que el acceso gratuito debe estar acompañado por condiciones económicas y materiales que permitan a los estudiantes completar sus carreras.

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió así a poner en la agenda pública de Río Gallegos una discusión que atraviesa al sistema educativo nacional: cómo garantizar el financiamiento de las universidades, mejorar los ingresos de sus trabajadores y sostener las oportunidades de formación para las próximas generaciones.