Río Grande apretó a dos funcionarias por $17.294 millones y les dio 48 horas
¿Qué pasó con las transferencias que la Provincia le debía a Río Grande? La intimación tiene dos nombres propios, un monto que supera los $17.294 millones y un plazo que ya empezó a correr.
La Municipalidad de Río Grande formalizó una intimación contra dos funcionarias del Gobierno de Tierra del Fuego por una deuda que, según la documentación municipal, asciende a $17.294.814.520 al 30 de septiembre. Las cartas documento fueron enviadas el 30 de octubre a la contadora general Yesica Solange Flecha y a la tesorera provincial Romina Rouco.
El monto reclamado se compone de coparticipación, regalías y fondos del Bono de Compensación. La gestión que conduce el municipio sostiene que esos recursos le corresponden por ley y que su falta de envío en tiempo y forma compromete la previsibilidad financiera de la ciudad.
Qué dice la intimación
El documento exige a las funcionarias adoptar las medidas necesarias para normalizar las transferencias dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la notificación. También reclama información detallada sobre las liquidaciones, los pagos efectuados y los fundamentos legales de cualquier retención, descuento, compensación o postergación aplicada a los fondos.
Según la presentación municipal, no se trata solo del monto acumulado sino de la modalidad de las demoras. El Municipio afirma que pudo acreditar, cruzando decretos provinciales con transferencias bancarias, que fondos de determinados períodos fueron girados después de las fechas en que debían remitirse.
El argumento constitucional
Las cartas documento invocan el artículo 135 de la Constitución provincial y advierten que la falta de remisión oportuna de los fondos puede comprometer la autonomía económica de Río Grande. Para el Municipio, la coparticipación no es una ayuda discrecional que la Provincia pueda otorgar según su conveniencia política o financiera: es una obligación legal de transferir recursos que pertenecen a los municipios.
La presentación sostiene que esta situación afecta la disponibilidad de recursos y condiciona la capacidad de sostener prestaciones, obras y obligaciones asumidas con terceros.
Qué puede pasar si no hay respuesta
El apercibimiento es explícito. Si los incumplimientos persisten, Río Grande se reserva el derecho de recurrir a la Justicia, pedir la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen eventuales responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios involucrados.
Con esta movida, el Municipio profundiza su posición institucional frente a la falta de soluciones económicas y apuesta a herramientas legales concretas para exigir el cumplimiento de las obligaciones provinciales.
