Río Grande esperaba $17.294 millones y la Provincia no puso ni fecha: la frase que dejó helados a todos
Valeria Capotorto salió de la reunión con el ministro Barrozo y fue tajante: la Provincia reconoció la deuda, pero no ofreció ni fecha ni cronograma. Adentro de la nota, la frase que revela adónde va la coparticipación de Río Grande.
El Gobierno de Tierra del Fuego admitió que debe transferirle al Municipio de Río Grande más de $17.294 millones, pero no dio ninguna señal concreta sobre cuándo ni cómo piensa saldar esa deuda. La respuesta que los representantes de Río Grande esperaban no llegó: tras más de tres horas de reunión, la Provincia no presentó cronograma, monto ni mecanismo de devolución.
Del encuentro, encabezado por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, participaron referentes de los tres municipios fueguinos. Por Río Grande estuvo la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, junto a integrantes del equipo económico y legal de la gestión del intendente Martín Pérez.
“Volvemos muy preocupados”
Al salir de la reunión, Capotorto no ocultó su malestar por la falta de compromisos verificables. “Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, afirmó la funcionaria.
Según su relato, las autoridades provinciales reconocieron las obligaciones pendientes y explicaron que gestionan recursos extraordinarios ante el Gobierno nacional para reducir parcialmente los montos acumulados. Pero esa alternativa, remarcó, queda atada a ingresos inciertos y no incluye garantías sobre las sumas que podrían llegar.
“Más allá de esa posibilidad hipotética de llegada de dinero, no ha puesto ni fecha, ni cronograma, ni ninguna certeza sobre cómo y cuándo va a cancelar la deuda”, advirtió.
El nudo: la coparticipación que llegó y no se distribuyó
El planteo central del Municipio apunta a fondos coparticipables que, de acuerdo con la información oficial disponible, ingresaron efectivamente a las cuentas provinciales pero después no fueron distribuidos a las administraciones locales. Para Capotorto, eso significa que el Ejecutivo fueguino dispone de recursos que pertenecen a los municipios para cubrir sus propios compromisos financieros.
“La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, subrayó. Y fue más directa al describir el destino que, según su interpretación, tienen esos ingresos: “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”.
Atrasos de más de 45 días y un decreto que lo confirma
La funcionaria precisó que las demoras superan actualmente los 45 días y citó como antecedente un decreto provincial que reconoce haber completado recién el 19 de octubre las transferencias correspondientes a julio. A su juicio, las demoras administrativas que invoca el Gobierno no alcanzan para justificar semejante postergación en un sistema de distribución que cuenta con herramientas digitales.
Otro de los temas sobre la mesa fueron los adelantos de coparticipación pedidos por la Provincia. Río Grande reclamó garantías para que las obligaciones derivadas de esos mecanismos financieros, incluidos sus intereses, no terminen afectando los ingresos municipales.
“Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, sostuvo Capotorto.
Salarios garantizados, servicios en riesgo
La secretaria de Finanzas aseguró que el Municipio seguirá pagando los salarios en tiempo y forma. Sin embargo, alertó que la deuda sostenida reduce cada vez más la capacidad financiera para sostener servicios esenciales: agua potable, recolección de residuos, transporte, salud y obras públicas.
La reunión cerró con el compromiso provincial de intentar reducir los atrasos si consigue fondos extraordinarios o, en caso contrario, de armar una propuesta alternativa. También se fijaron encuentros técnicos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 en Ushuaia.
Ninguno de esos acuerdos, de todos modos, contempla montos ni fechas de devolución. Ante ese escenario, el Municipio anticipó que seguirá con sus reclamos institucionales y evaluará eventuales acciones administrativas y judiciales para recuperar los recursos que considera legítimamente propios.
