Río Grande se metió en la causa contra dos petroleras y hay un dato que cambia todo

El Municipio de Río Grande se presentó como parte interesada en la causa que investiga a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en el Atlántico Sur. La movida judicial busca frenar la explotación y poner sobre la mesa los posibles daños ambientales.

El intendente Martín Perez fue quien anunció la decisión y no ahorró definiciones: “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”. Para el jefe comunal, la defensa del ambiente, los recursos estratégicos y la soberanía es una responsabilidad que la ciudad asume también desde los tribunales. Y remató: “Defender Malvinas también es actuar”.

La presentación se concretó este viernes a través de la Asesoría Letrada ante el Juzgado Federal de Río Grande. La causa original fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

Qué se sabe de la causa

Los alcances de la presentación se explicaron en una conferencia de prensa a cargo del secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero.

Díaz justificó la decisión en la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica y en las responsabilidades que fija la Carta Orgánica Municipal en materia ambiental. “Para nosotros, como Municipio de Río Grande, una ciudad ribereña de la costa atlántica, es muy importante la presentación que hemos hecho ante el Juzgado Federal”, sostuvo. Y agregó que la acción “tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”.

El funcionario también destacó la declaración de competencia del Juzgado Federal: “Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”. Además, confirmó que Perez tomó contacto con otros municipios de la costa atlántica para compartir información sobre la causa y evaluar un acompañamiento institucional.

Los argumentos jurídicos y ambientales

Sebastián Tessei detalló que la causa se inició como una acción preventiva de daño ambiental contra Navitas y Rockhopper. La demanda abarca tanto la soberanía sobre las Islas Malvinas como el cumplimiento de la normativa ambiental argentina. Según el asesor, para el país rigen normas de orden público vinculadas con la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.

La presentación solicita una medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Ahora resta que el Juzgado Federal defina con qué carácter intervendrá formalmente el Municipio en el proceso.

Por su parte, Gabriela Lucero puso el foco en los riesgos ambientales: “Son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”. La especialista explicó que el área de explotación y la costa atlántica no son espacios independientes, sino que integran un sistema interrelacionado. Así, los posibles efectos de la actividad podrían comprometer la biodiversidad, los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

Con esta presentación, el Municipio suma una nueva acción concreta en defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, ahora con la protección ambiental como eje central. En paralelo, seguirá articulando con otras ciudades de la costa atlántica para fortalecer el acompañamiento institucional de la causa.