Río Grande se metió en la causa contra las petroleras de Malvinas y ahora puede hablar en el expediente

La jueza federal Mariel Borruto admitió al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero León Marino en el Atlántico Sur. El intendente Martín Perez lo comunicó a través de sus redes sociales.

Con esta decisión, la ciudad podrá intervenir formalmente en el proceso y acompañar el reclamo que impulsan el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

La presentación la llevó adelante la Asesoría Letrada del Municipio, con el objetivo de que Río Grande tenga voz en una causa que aborda la explotación hidrocarburífera proyectada en el área de las Islas Malvinas y sus posibles consecuencias sobre los recursos naturales, el ambiente y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Por qué Río Grande puede intervenir

La incorporación del Municipio se apoya en las responsabilidades que fija la Carta Orgánica Municipal en materia de defensa del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad. También pesa su condición de ciudad ribereña de la costa atlántica.

El expediente se inició como una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva y plantea la necesidad de prevenir posibles impactos derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur. En ese marco, contempla la aplicación de la normativa ambiental argentina y las disposiciones vinculadas con la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.

Qué se discute en la causa

Uno de los ejes centrales de la participación municipal son los posibles efectos de una eventual explotación hidrocarburífera sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Atlántico Sur. A eso se suma la defensa de los recursos naturales y de los derechos soberanos de la Argentina.

La incorporación del Municipio se agrega a las acciones institucionales que Río Grande sostiene en defensa de los recursos naturales de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y al acompañamiento de los reclamos vinculados con la soberanía argentina.

Para el Municipio, la decisión judicial representa un nuevo paso en su participación institucional en los ámbitos judiciales ligados a la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Río Grande podrá intervenir en el proceso y aportar su perspectiva en una causa que cruza soberanía, recursos naturales y protección ambiental.

Con esta movida, la ciudad reafirma su compromiso con la defensa de los recursos de Malvinas y con el sostenimiento del Atlántico Sur como zona de paz, además de la continuidad de los reclamos y acciones institucionales en todos los ámbitos correspondientes.