Río Grande se metió en la pelea por el petróleo en Malvinas y la Justicia le dio la razón

El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró la decisión de la Justicia Federal que ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados al proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

"Es una decisión importante", expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales, donde destacó la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y puso el acento en el rol que jugó el Municipio al presentarse como parte interesada en la causa impulsada por organizaciones de excombatientes y ambientalistas.

Una causa que llegó al Juzgado Federal de Río Grande

La medida cautelar se conoció después de que el Juzgado Federal de Río Grande aceptara intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper y Navitas por el proyecto Sea Lion. La jueza Borruto se declaró competente y luego dispuso el freno a los actos de ejecución del emprendimiento mientras avanza el proceso judicial.

El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, busca desarrollar un yacimiento en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La causa involucra tanto la explotación de hidrocarburos como sus posibles impactos ambientales y la aplicación de la legislación argentina.

Para Perez, la resolución sostiene que las actividades hidrocarburíferas sobre la plataforma continental argentina están sometidas a las leyes nacionales y requieren la intervención de las autoridades del país.

"Malvinas también se defiende así"

El Intendente planteó que la defensa de la soberanía sobre las Islas no puede quedar reducida a los reclamos diplomáticos ni a la memoria histórica. "Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así", sostuvo.

En esa línea, afirmó: "Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro".

Perez también reconoció el trabajo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, las organizaciones que promovieron la acción judicial. "Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción", expresó.

Un freno cautelar, no una sentencia

La medida judicial no representa una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, pero sí establece un freno cautelar al proyecto mientras la Justicia analiza los planteos formulados.

Para el Municipio, la cercanía geográfica de Río Grande con las Islas y su vínculo histórico con la Causa Malvinas son fundamentos para intervenir cuando aparecen en juego intereses estratégicos de la Argentina.

"Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario", afirmó el Intendente, que dejó claro que el compromiso no termina con esta resolución.

El mensaje de Perez se da en un escenario en el que el Gobierno nacional también avanzó judicial y administrativamente contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas: la Casa Rosada presentó denuncias y anunció medidas sancionatorias contra compañías ligadas a proyectos petroleros en el área.

La decisión de la Justicia Federal de Río Grande suma así un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, ambiente y recursos naturales, y que para el Municipio tiene un nombre concreto: defender Malvinas también significa defender hoy los recursos, el ambiente y los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur.