Río Grande se metió en la pelea por el petróleo en Malvinas y la Justicia le dio un freno a las petroleras

El intendente Martín Perez celebró la medida cautelar de la Justicia Federal que suspendió los actos materiales del proyecto León Marino, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde reivindicó la intervención del Municipio como parte interesada en la causa.

La resolución fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto y representa un avance dentro del proceso, al establecer un freno preventivo mientras se analizan los planteos de fondo sobre la explotación de hidrocarburos, la aplicación de la legislación argentina y los eventuales impactos ambientales en el Atlántico Sur.

“Es una decisión importante”, expresó el jefe comunal, que no ocultó su satisfacción por el rumbo que tomó la causa.

Una causa con múltiples actores

La demanda fue promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. El Juzgado Federal de Río Grande aceptó intervenir y la cautelar impide que continúen los actos materiales de ejecución mientras avanza el análisis judicial, aunque no implica una resolución definitiva sobre el emprendimiento.

Al referirse a la participación municipal, Perez señaló: “Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así”. En esa línea, sostuvo que la discusión excede el reclamo diplomático y la conmemoración histórica, al involucrar el control de los recursos naturales y la protección ambiental.

“Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, afirmó, al remarcar que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sobre la plataforma continental argentina deben someterse a las leyes nacionales y requerir la intervención de las autoridades del país.

Qué se sabe del proyecto León Marino

El proyecto León Marino prevé el desarrollo de un yacimiento offshore ubicado en aguas circundantes a las Islas Malvinas. La demanda cuestiona el avance de las compañías extranjeras sobre un área considerada parte de la plataforma continental argentina y plantea, además, los riesgos asociados a la explotación petrolera.

Perez también reconoció a las organizaciones que impulsaron la acción judicial. “Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción”, expresó.

Por último, anticipó que el Municipio mantendrá su participación durante el desarrollo de la causa. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario”, agregó.