La Legislatura de Río Negro habilitó al Ejecutivo a girar en descubierto y emitir Letras para todo 2027, y los topes que fijó impactan de lleno en las cuentas de la provincia. La oposición marcó los costos que ya se acumulan por estas herramientas, pero el número que más pesa en el debate no es el que todos miran.
La Legislatura de Río Negro le dio luz verde al Ejecutivo para moverse con más herramientas financieras durante 2027. La ley, que empieza a regir el 1° de enero del año próximo y modifica la norma H N° 5125, apunta a cubrir baches transitorios de caja y a que la Provincia no se quede sin fondos para afrontar sus compromisos.
El texto fija topes concretos: el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) podrá usarse hasta 180 mil millones de pesos, mientras que la emisión de Letras de Tesorería queda habilitada por hasta 160 mil millones, monto máximo que podrá estar en circulación al mismo tiempo.
Qué dijeron quienes defendieron el proyecto
Como miembro informante de Juntos Somos Río Negro, Soraya Yauhar sostuvo que estos mecanismos sirven para cubrir el desfase entre lo que entra y lo que hay que pagar, como salarios y proveedores. Atribuyó el problema a la caída de la recaudación nacional y del consumo, y aclaró que las cifras autorizadas son límites máximos que no siempre se usan por completo.
Luis Noale, de la misma bancada, remarcó que las herramientas garantizan la continuidad de los servicios esenciales. Habló además del nivel de endeudamiento provincial, de las perspectivas de ingresos atadas a los proyectos energéticos y de la importancia de publicar información fiscal de forma periódica.
Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, acompañó la iniciativa pero puso reparos en los costos financieros. Pidió revisar las condiciones que ofrece el Banco Patagonia como agente financiero de la Provincia: reconoció la necesidad de contar con estos mecanismos, aunque advirtió sobre las dificultades para afrontar las obligaciones con los recursos disponibles.
El radical Ariel Bernatene argumentó que la Provincia debe arrancar el ejercicio con instrumentos para resolver eventuales problemas de liquidez, mencionó las fluctuaciones de la recaudación y los compromisos con fechas fijas, como los salarios y los servicios esenciales. Anunció su voto favorable.
Javier Acevedo, de CC ARI–Cambiemos, también apoyó y puso la lupa en los incrementos frente a 2026: el FUCO sube de 140 mil a 180 mil millones; las Letras de Tesorería, de 120 mil a 160 mil millones; y los cheques de pago diferido, de 24 mil a 30 mil millones. Consideró necesarias las herramientas, pero reclamó sostener el seguimiento y el control legislativo sobre cómo se usan.
Juan Martín, de PRO–Unión Republicana, votó a favor aunque pidió discutir las causas de fondo que llevan a recurrir a estos mecanismos. Citó datos que atribuyó al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal: el ejercicio 2025 habría cerrado con un déficit de 117 mil millones de pesos. Reclamó más información sobre las cuentas públicas y subrayó la necesidad de generar inversión, empleo privado y recursos genuinos.
Martina Lacour acompañó el proyecto, pero mostró preocupación por la evolución de las cuentas. Entre enero y septiembre de 2026, según dijo, se acumuló un déficit financiero de 271 mil millones de pesos y un desahorro corriente superior a los 40 mil millones, cifras que contrastó con lo previsto en el presupuesto. Aun así, consideró necesario tener estas herramientas para el próximo ejercicio.
Las críticas y los costos que pusieron sobre la mesa
Desde Vamos con Todos, Luciano Sempé cuestionó el aumento de las autorizaciones y su costo financiero. Afirmó que la Provincia acumula alrededor de 6.700 millones de pesos en intereses por giros en descubierto y estimó que las Letras podrían costar 29.400 millones si se mantienen las tasas actuales. Para el bloque, el uso recurrente de estos mecanismos equivale a endeudamiento, y adelantó su rechazo.
Leandro García, del PJ–Nuevo Encuentro, ató la situación provincial al contexto nacional: la reducción de recursos que llegan de Nación, el aumento de las demandas sociales y el peso de los intereses en las cuentas públicas. Planteó que el equilibrio fiscal debe mirarse junto con el equilibrio social y anticipó su voto negativo.
Gabriela Picotti también rechazó el proyecto y cuestionó el crecimiento de los montos habilitados en los últimos años. Sostuvo que la administración de los recursos públicos debe evaluarse tanto por sus resultados financieros como por las respuestas del Estado en salud, educación y seguridad.
José Luis Berros, de Vamos con Todos, ratificó el rechazo de su espacio. Cuestionó que se presenten estos mecanismos solo como instrumentos para deficiencias estacionales de caja y señaló que durante 2026 la Provincia habría recurrido al descubierto durante 125 días. Vinculó su postura con las dificultades de los servicios públicos, en especial el sistema de salud.
El cierre de Juntos Somos Río Negro
Facundo López, presidente del bloque oficialista, cerró el debate defendiendo la administración financiera provincial. Dijo que las autorizaciones responden a mecanismos previstos para garantizar el funcionamiento del Estado y rechazó que su uso obedezca a decisiones discrecionales del Gobierno.
Sobre la deuda, afirmó que su peso respecto de los ingresos provinciales bajó del 71% en diciembre de 2023 al 22% en diciembre de 2025 y al 16% en septiembre de 2026. También marcó que el gasto corriente crece un 30% interanual frente a una inflación del 33%, mientras que la recaudación propia subió un 38%.
En cuanto a las herramientas de 2026, precisó que se usaron 69 mil millones de los 120 mil millones disponibles en Letras de Tesorería y 19 mil millones de los 24 mil millones habilitados para cheques de pago diferido. Esos últimos fondos, dijo, se destinaron sobre todo a obligaciones de IPROSS, Salud Pública y Educación.
López también mencionó las responsabilidades que asumió la Provincia ante el retiro del financiamiento nacional en áreas como obras públicas, rutas, escuelas y universidades. Y sostuvo que el control del gasto se hizo sin ajustes sobre los trabajadores públicos ni cierre de áreas estatales, además de reivindicar la postura de su bloque de acompañar las decisiones nacionales que beneficien a Río Negro y cuestionar las que considere perjudiciales.
