Río Negro aprobó el fin de la obra social obligatoria: los estatales podrán elegir, pero hay letra chica

La Legislatura de Río Negro aprobó este martes la ley que termina con la afiliación obligatoria al Ipross y abre la puerta para que los agentes provinciales y municipales elijan otra obra social. La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue respaldada por 35 votos a favor y 9 en contra en general, aunque el debate dejó expuestas fuertes diferencias políticas.

La norma no tendrá efecto inmediato: el Ejecutivo tiene 120 días para reglamentarla y recién desde 2027 los trabajadores podrán ejercer la opción. La iniciativa fue presentada por la legisladora Andrea Escudero, exfuncionaria del Ipross, quien defendió el proyecto como "darle a los afiliados la posibilidad de elegir" y negó que se trate de un vaciamiento o desfinanciamiento de la obra social.

Escudero sostuvo que la ley persigue "tres propósitos: libertad para el afiliado, fortalecimiento para la obra social y la mejora obligado por parte de los prestadores". Además, anticipó que "cambiará la relación del Ipross con sus afiliados porque van a estar por voluntad, no por obligación" y que la obra social "tendrá que seguir trabajando para ser más eficiente y atractiva".

Los cambios que llegan con la nueva ley

El texto aprobado establece que el afiliado obligatorio podrá "optar por derivar la cobertura de salud propia y la de su grupo familiar primario". La opción se ejerce por persona y abarca a todo el grupo familiar a cargo, con efecto desde el primer día del segundo mes siguiente a la presentación.

Quien decida cambiar deberá permanecer en la entidad receptora por un plazo mínimo de doce meses. Vencido ese período, podrá optar por otra entidad. Pasados 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, podrá solicitar su reincorporación al Instituto como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.

La ley también contempla que el afiliado cuya cobertura en la entidad receptora cese por causas que no le son imputables —incluida la rescisión dispuesta por la entidad o la pérdida de su capacidad prestacional— se reincorpora de pleno derecho al Instituto, sin carencias, desde la fecha del cese.

No podrán acceder al derecho de opción quienes ejerzan cargos electivos, cargos de designación política, magistrados, funcionariado judicial y de ley, así como quienes revistan como autoridades superiores en cualquiera de los tres poderes del Estado, organismos de control y empresas del Estado.

El ejercicio de la opción implica que el afiliado asume todos los costos, cuotas o diferencias arancelarias que la entidad receptora exija por sobre el aporte personal transferido. El Estado Provincial, los Municipios y el Ipross quedan eximidos de toda responsabilidad frente a la interrupción, insuficiencia o falta de cobertura prestacional derivada de la relación entre el optante y la entidad receptora.

En cuanto a los aportes, el 4% para el personal activo y el 5,5% para el pasivo se transferirá mensualmente a la entidad receptora elegida.

Las voces del debate

La votación en particular también dejó números ajustados: los artículos 2, 3 y 4 sumaron 17 rechazos, mientras que los artículos 4 y 5 recibieron 10 votos en contra.

Durante el debate, Gabriela Picotti calificó el proyecto como "un reclamo desde hace años", cuestionó "por qué ahora" y anticipó su voto "a favor de las libertades pero no de las restricciones". Martina Lacour fue más dura: dijo que "no es un proyecto de libre elección", recordó proyectos propios anteriores que "no tuvieron tratamiento" y habló de "una estafa a los empleados".

Ayelén Spósito sostuvo que "es marketing libertario", adelantó el voto negativo del bloque Vamos con Todos y pidió "un sistema de salud acorde a su población, que los que más tienen aporten para los que menos tienen". Daniel Sanguinetti afirmó que "esta ley es puro marketing político a modo electoral, con asesores estrellas y manipulación de la opinión pública".

En defensa de la iniciativa, César Domínguez ratificó su postura a favor de "las libertades" y dijo que "el Estado no debe dictar normas que le impidan a los ciudadanos elegir por su cuenta". Magdalena Odarda advirtió que "en este debate se juega el futuro de la obra social que pertenece a los trabajadores" y vinculó la presentación del proyecto con "estos nuevos aires libertarios" del gobierno.

El apoyo provino de los bloques de Juntos Somos Río Negro, Primero Río Negro, UCR, CC-ARI Cambiemos y PRO Unión Republicana. En contra votaron el PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.

Con la ley aprobada, ahora la pelota pasa al Ejecutivo, que deberá reglamentarla en un plazo de 120 días. La opción de elegir obra social recién estará disponible en 2027.