Un adolescente de 14 años queda bajo investigación en Río Negro y la Provincia todavía no tiene las reglas claras para actuar. Qué instrumentos prepara y dónde se traba el proceso.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha la letra chica de la nueva ley penal juvenil. A través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y su Dirección Penal Adolescente, la Provincia empezó a elaborar un proyecto de Código Procesal Penal Adolescente y un protocolo de actuación para que sus organismos queden en sintonía con la legislación nacional que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.
La meta es concreta: definir de qué manera intervendrán las áreas provinciales cuando un adolescente quede bajo investigación por un delito, qué pasos procesales deberán seguirse y cómo se protegerán los derechos del joven a lo largo del expediente.
El cambio que llegó desde el Congreso
Todo se desprende de la Ley Nacional 27.801, aprobada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma reemplazó al régimen penal juvenil que regía desde 1980 y entró en vigencia el 5 de septiembre.
El punto central de la reforma es la ampliación del alcance del sistema penal: ahora también quedan comprendidos los adolescentes de 14 y 15 años, que antes estaban por debajo de la edad de punibilidad. Es decir, pueden ser alcanzados por una investigación penal, algo que el esquema anterior no contemplaba.
La Provincia trabaja así en dos instrumentos para reordenar la respuesta institucional en ese terreno.
Qué implica el nuevo régimen para los jóvenes
La ley nacional fija un régimen penal específico para quienes tengan entre 14 y 17 años al momento de cometer un presunto delito. Pero la incorporación al sistema no equivale automáticamente a una pena de prisión.
La norma prevé medidas alternativas, procedimientos especializados y garantías particulares para los menores de edad. Además, prohíbe la prisión perpetua y pone un techo de 15 años para las condenas que impliquen privación de la libertad.
Con ese marco, las provincias quedaron obligadas a revisar sus procedimientos judiciales y administrativos. En Río Negro, esa adecuación todavía está en pleno desarrollo.
Qué es un código procesal y por qué importa
La legislación nacional define las condiciones generales de responsabilidad penal; un código procesal provincial, en cambio, regula cómo se llevan adelante las investigaciones y los juicios dentro de su jurisdicción. De ahí la relevancia de la propuesta que prepara la Provincia.
El texto en elaboración busca incorporar reglas específicas para las causas que involucren a adolescentes, contemplando su edad y las garantías especiales que fija la ley. Según informó el Gobierno provincial, el trabajo atiende las particularidades de estos procesos y apunta a establecer procedimientos diferenciados de los que se aplican a los adultos.
La Justicia ya fijó reglas provisorias
Mientras el código no esté listo, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tomó cartas en el asunto. El 25 de septiembre, mediante una acordada, estableció las reglas que regirán en los procesos penales juveniles hasta que exista una legislación procesal específica.
La resolución dispuso aplicar el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y las garantías de las leyes nacionales y provinciales de protección de derechos. También determinó que los adolescentes no serán sometidos a juicios por jurados populares, una diferencia clave frente al procedimiento que puede alcanzar a los adultos.
El protocolo para ordenar las intervenciones
La segunda herramienta anunciada por la Provincia es un Protocolo de Actuación en Materia Penal Adolescente. Su función será fijar criterios comunes para todos los organismos que integran el sistema provincial de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El objetivo es ordenar las intervenciones en las causas penales y evitar que cada área actúe con procedimientos distintos ante situaciones parecidas.
Entre los principios que deberán guiar esas actuaciones aparece el interés superior del niño, que obliga a considerar especialmente los derechos, las necesidades y las circunstancias de cada adolescente al momento de tomar decisiones administrativas o judiciales.
El plan también contempla la necesidad de contar con equipos especializados y mecanismos de coordinación entre las distintas áreas del Estado.
