Río Negro fija topes a los descuentos del sueldo y un gremio ya plantea llevar el reclamo a la Justicia

El Gobierno de Río Negro tiene todo listo para publicar la semana próxima el decreto de desendeudamiento estatal, la norma que pondrá topes a los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos y fijará las reglas para renegociar las deudas con las entidades acreedoras. Pero el texto todavía no salió y ya generó ruido: UPCN presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Hacienda, pidió información sobre los puntos que trascendieron y advirtió que podría judicializar el tema.

La organización que conduce Juan Carlos Scalesi integra, junto a otros gremios, mutuales y financieras, la lista de 14 entidades habilitadas para aplicar códigos de descuento sobre los haberes. No solo retiene la cuota sindical: también descuenta órdenes de compra y préstamos que le otorga a los agentes públicos.

En la nota enviada al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, UPCN reclamó prioridad para mutuales y sindicatos a la hora de definir qué retenciones se suspenden cuando un trabajador supere el límite que establezca la Provincia. Y cuestionó el modo en que se está armando la medida: sostuvo que impactará de lleno en los ingresos estatales y que no puede avanzarse con una iniciativa de ese alcance sin la participación de los sindicatos.

“Es inaceptable que se defina sin participación sindical una medida que impacta sobre los haberes de un tercio del personal provincial”, plantearon desde UPCN en el escrito dirigido al ministro.

Qué dice el borrador que todavía no se firmó

El decreto no fue formalizado, pero algunas cuestiones del programa se filtraron. Las principales: un tope a las retenciones que oscilaría entre el 30% y el 50% de los haberes, y la convocatoria a las entidades acreedoras para acordar pautas generales de renegociación de montos y plazos con los trabajadores.

El Gobierno provincial también proyecta una medida complementaria: la puesta en marcha de un centro de autorización de nuevas retenciones en los salarios estatales.

Los seis puntos que UPCN quiere aclarar

El gremio reclamó precisiones sobre los aspectos centrales del programa y dejó preguntas sobre su instrumentación.

1. El porcentaje máximo. El borrador oficial maneja alternativas que van de un tope fijo del 30% o el 33% hasta uno del 50%, con reducción progresiva. UPCN pidió conocer el límite definitivo, cuál será la base de cálculo —salario bruto, neto o neto de descuentos legales— y qué códigos quedarán alcanzados. Además, anticipó que rechazará un límite “flexible” o reducciones progresivas sin garantías para los trabajadores.

2. La vigencia. El Gobierno preveía aplicar el esquema con los haberes de noviembre. El sindicato preguntó por los plazos de implementación y qué pasará con los descuentos vigentes que superen el límite establecido.

3. La prioridad para gremios y mutuales. UPCN exigió que se informe qué descuentos se suspenderán cuando un trabajador supere el tope. Advirtió que no deben resultar perjudicadas las mutuales y los sindicatos que “brindan servicios solidarios a sus afiliados”, mientras se mantienen “intactos los compromisos con los grandes acreedores financieros”.

4. Las condiciones de renegociación. El plan oficial contempla reuniones con las entidades acreedoras para acordar reglas de revisión de las deudas de los estatales. UPCN reclamó garantías de que esas renegociaciones serán voluntarias e individuales, y de que ningún agente sufrirá presiones ni perderá servicios por no adherir.

5. Las deudas bancarias. El gremio preguntó si los topes también alcanzarán al Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia. Advirtió que, si las obligaciones quedan fuera del esquema, los pagos podrían trasladarse a “débitos bancarios directos, sin tope ni control y con mayores costos” para los trabajadores.

6. El centro de autorización de endeudamiento. Hacienda prevé un mecanismo de autorización previa para que los estatales asuman nuevos compromisos financieros. UPCN solicitó información sobre su funcionamiento, el plazo de implementación, las tasas y condiciones admitidas y la participación sindical en los controles.

El ultimátum antes de la firma

Al cierre de la presentación, UPCN reclamó una respuesta y pidió una reunión urgente con las entidades sindicales antes de que el decreto se firme. También advirtió que, si no obtiene respuestas, se “reserva el derecho de impulsar medidas administrativas, institucionales y judiciales” en defensa de los trabajadores que representa.