Río Negro: la jugada fiscal que busca destrabar las rutas que todos reclaman

Un grupo de legisladores del conglomerado libertario presentó un proyecto para que las empresas que reparen rutas en Río Negro dejen de pagar el Impuesto de Sellos. La iniciativa apunta a bajar los costos de las constructoras y acelerar obras que la provincia viene reclamando hace años.

La propuesta alcanza a los contratos de construcción, pavimentación, conservación, reparación o mantenimiento de rutas provinciales. Hoy ese tributo representa el 1% del monto total de cada contrato, una carga que, según los autores, encarece las inversiones y puede demorar el arranque de trabajos clave.

El proyecto fue presentado por Marcela González Abdala, Martina Lacour, César Domínguez, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti.

Una red vial que no da abasto

En los fundamentos se detalla que Río Negro tiene alrededor de 800 kilómetros de rutas asfaltadas y otros 5.500 kilómetros de caminos de ripio. Esa red es estratégica por la extensión del territorio y la dispersión poblacional: conecta ciudades, parajes, áreas rurales, corredores productivos y servicios esenciales.

El problema es el deterioro. Los legisladores advierten que buena parte de la infraestructura vial está en mal estado, lo que afecta la transitabilidad, la fluidez del transporte, la previsibilidad de los viajes y la seguridad vial.

Frente a ese panorama, plantean generar incentivos económicos para atraer empresas y capitales privados que ejecuten las obras con mayor rapidez. “Obras viales modernas requieren herramientas fiscales modernas”, sostienen en los fundamentos, donde afirman que eliminar el tributo permitiría convertir los compromisos de mejoramiento vial en inversiones concretas y de rápida ejecución.

Qué contratos entran y cuáles no

El proyecto propone agregar un nuevo inciso al artículo 55 de la Ley provincial I Nº 2407, la que regula el Impuesto de Sellos. La exención abarcaría los nuevos contratos de obra pública, concesión vial o participación público-privada vinculados directamente con infraestructura vial provincial.

Para acceder al beneficio, la empresa adjudicataria deberá estar al día con sus obligaciones fiscales provinciales al momento de formalizar el contrato y mantener esa condición durante toda la ejecución.

La iniciativa aclara que la exención no alcanza a operaciones financieras ni a contratos celebrados por terceros, subcontratistas o proveedores, salvo que otra ley lo disponga expresamente.

Los impulsores sostienen que la medida ayudaría a disminuir los costos de contratación, mejorar la competitividad de las constructoras y agilizar obras que responden a reclamos históricos de distintas regiones de Río Negro.