Río Negro pone techo a la pesca en el Golfo San Matías: las lanchas que no salen hace tres años quedan afuera

El investigador del CONICET Raúl González anticipó que la provincia avanza en un plan de manejo que reemplazará los permisos de pesca por cupos y fijará un límite definitivo de embarcaciones para el Golfo San Matías. La reforma alcanzará tanto a la flota artesanal como a la industrial y apunta a dejar atrás casi tres años de emergencia pesquera.

González, profesor de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, explicó en diálogo con el diario La Mañana de Neuquén que el esquema funcionará a través de un consejo pesquero integrado por el Estado, los pescadores y las empresas del sector.

“Es un corpus reglamentario de cómo manejar la pesquería, para que no aparezca nadie vendiendo indiscriminadamente permisos de pesca para el langostino, como pasó la vez pasada”, señaló el investigador.

El plan fijará cupos taxativos: toneladas autorizadas a capturar y una cantidad máxima de embarcaciones habilitadas. Los permisos de pesca se erradicarán y habrá una depuración del listado, sobre todo entre los artesanales, porque hay embarcaciones “que pasan hasta tres años en el patio”.

La implementación requiere un consorcio de gestión que “estará compuesto, obviamente, por el Estado -la autoridad de aplicación, que tiene la palabra final siempre, porque es el responsable último de la conservación del recurso por ley- pero lo bueno de hacer un plan de manejo es que pueden participar todas las partes interesadas, puedan aprobarlo, objetarlo y decidir, por sobre todas las cosas, qué objetivos quieren para la pesquería”, detalló.

Para González, la lógica es clara: “darle a los usuarios el control sobre el recurso, para que no venga cualquier funcionario de turno y te haga lo que quiera”.

Cupos por embarcación y un techo que no se mueve

El plan reemplazará el sistema actual por cuotas. “El Estado lo que tiene que hacer es mirar el sistema global, porque si alguien sigue sobrecapitalizándose, poniendo mejores barcos, más barcos para capturar más, tenemos un problema. Una cosa es optimizar y otra cosa es sobrecapitalizar pensando que vas a pescar más”, advirtió.

La alternativa, según el investigador, es “una porquería”: el sistema tipo olímpico, donde “todos van a tratar de sacar la mayor cantidad de pescado posible en el menor tiempo posible”. Con cuotas, en cambio, el pescador sabe que tiene un porcentaje de la captura total y puede planificar. Si no la captura por ineficiencia, puede transferirla, venderla o alquilarla temporalmente.

Lo más difícil, admitió, es el reparto inicial, que “generalmente se distribuye en base a antecedentes de captura histórica”. Una vez asignada, la cuota “ya es un activo de la empresa, y pasa a ser parte de su patrimonio”.

Antes de repartir hay que determinar cuánta pesca soporta el golfo. Consultado sobre qué pasa si un pescador artesanal quiere sumarse cuando abunda el langostino, González fue tajante: “Puede haber, por ejemplo, 80 lanchas al día de hoy. Bueno, no va a haber más que 80. La idea es esa: arreglar con los que ya están”.

La flota se redujo drásticamente desde el boom del langostino: “La otra vez hubo 150, más o menos. Ahora, en el registro, y reglamentariamente operativas, no llegan a 50”. A eso se suma que muchas lanchas con permiso no pueden cumplir los estudios de estabilidad que exige la Prefectura Naval.

El techo definitivo será de cinco o seis buques para el sector industrial y 55 embarcaciones para el artesanal, “y no se mueve de ahí”.

La lancha que espera en el patio

Durante años, los permisos artesanales se otorgaron “con mucha laxitud”, reconoció González: “Hubo mucho regalo político del permiso de pesca”. El plan pondrá un límite taxativo a la inactividad: una embarcación no podrá superar, por ejemplo, 180 días sin salir a pescar en el año.

“Con eso se limpia el listado, porque hay gente que hace tres años que no sale a pescar. Hay embarcaciones que no se mueven del patio de la casa durante tres años, solo esperando el momento en que haya mucho pescado para salir. Y eso, ¿a quién perjudica? Al pescador que vive permanentemente de la poca pesca que hay”, subrayó.

El investigador sostuvo que la experiencia internacional respalda el rumbo: “Las pesquerías que tienen planes de manejo y funcionan bajo esos planes son mejores: están menos afectadas por la sobrepesca”.

De la emergencia a la recuperación

El plan de manejo responde a una crisis que estalló en 2022. “En el Instituto de Biología Marina hicimos una campaña de investigación y encontramos que el stock de merluza estaba reducido al 20% de sus valores históricos de biomasa”, recordó González.

La causa fue anterior: “Entre 2016 y 2021 hubo un descontrol: se dieron permisos de pesca sin ningún control para el langostino. Como al pescar langostino también sale merluza, la tiraban de nuevo al agua ya muerta. Así arruinaron todo el stock de merluza pescando langostino”.

Desde el CONICET se habían advertido los riesgos con dos o tres informes previos que, según el investigador, fueron desoídos. El diagnóstico se aceptó cuando ya era tarde: “Había que parar la pesca y tomar medidas de emergencia”.

Desde 2023 rige un decreto de emergencia pesquera que restringió permisos y capturas. La recuperación es lenta: “Tenés que esperar por lo menos entre 5 y 8 años a que la población de merluza se recupere”. La campaña de 2024 mostró una suba de biomasa de unas 11.000 a unas 25.000 toneladas, todavía lejos de las 40.000 o 50.000 históricas.

Los planes de manejo de merluza, langostino y el resto de las especies deberán estar terminados en noviembre. Entre septiembre y octubre se realizan encuentros técnicos con los distintos grupos de pescadores, con participación de funcionarios de la Subsecretaría de Pesca provincial. A fines de octubre, además, se hará una nueva campaña de investigación en el mar con entre 42 y 44 lances para actualizar el diagnóstico del recurso.

El Programa de Asistencia Técnica para la Gestión Sustentable de las Pesquerías del Golfo San Matías cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el aval de la provincia. “El primer programa del CFI fue para diagnosticar cómo estaba la situación, y ahora estamos pasando a la acción”, cerró González.