La Legislatura de Río Negro tiene sobre la mesa un proyecto que apunta a los puntos críticos donde se pierden vidas. No son solo barreras: hay cámaras, personal capacitado y un número que ya se probó en otros países. Qué dice la iniciativa.
Río Negro podría convertirse en la primera provincia del país en reglamentar barreras físicas y dispositivos de vigilancia en puentes, torres y otras infraestructuras de acceso público señaladas como puntos críticos para la prevención del suicidio. El proyecto lo presentó la legisladora Silvia Morales y no se queda solo en lo arquitectónico: también prevé capacitar al personal que trabaja en esos lugares para que sepa cómo intervenir frente a una crisis.
La propuesta se completa con cartelería y líneas de emergencia, según detalla la iniciativa.
Qué dice quien respalda el proyecto
Marcelo Mandri, presidente de la Asociación Red Argentina de Suicidología y negociador en situaciones de crisis, respaldó la iniciativa y aclaró el alcance: «El proyecto no se limita a la colocación de barreras arquitectónicas».
En esa línea, el texto contempla cámaras de vigilancia y la formación de funcionarios y trabajadores que cumplan tareas en zonas de altura o de peligro, con el objetivo de asistir a quien esté atravesando una crisis mientras llegan los equipos especializados.
«Tenemos que tratar de hacernos de todas las herramientas posibles con el objetivo de la prevención», sostuvo Mandri.
El especialista agregó que, si bien estos dispositivos han reducido el 90% de las tentativas en zonas intervenidas de otros países, las medidas necesitan complementarse con la participación de la comunidad y, sobre todo, con un sistema de salud que garantice atención clínica adecuada a cargo de profesionales especializados.
«Es necesario concientizar a la comunidad para facilitar la detección de conductas que se reflejan cuando alguien está atravesando un momento complicado», planteó el presidente de la entidad.
Cámaras, carteles y líneas de emergencia
Entre las medidas complementarias, Mandri mencionó la posibilidad de sumar cámaras operadas por personal capacitado en la zona, dispositivos de comunicación cercanos y cartelería con mensajes que hayan sido evaluados previamente.
«Cuando hablamos de una etapa de intervención, sobre todo en plena crisis, todo lo que se haga y diga debe ser absolutamente estudiado», expresó.
El proyecto establece además una articulación con el Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (Oepcs), que empezó a funcionar en agosto de este año tras la sanción de la Ley 5840 y que dispuso un área de asistencia al suicida dentro del servicio de emergencias 911.
La iniciativa también señala la posibilidad de asesorarse a través de organizaciones como la Red Argentina de Suicidiología, una entidad civil sin fines de lucro con sedes en Viedma, San Antonio, Regina, Roca y Bariloche, y con profesionales en El Bolsón.
Infraestructura y el rol de los municipios
El plan apunta a intervenir de manera paulatina las infraestructuras provinciales e incorporar los dispositivos de seguridad en las planificaciones de obras futuras.
El organismo a cargo de las intervenciones será el Ministerio de Obras y Servicios. Para los espacios de carácter nacional o federal, como rutas, vías y puentes, Morales confirmó que, una vez implementado el proyecto, «se pueden ir estableciendo convenios y pautando las reglas», de acuerdo con las particularidades de cada zona.
Por último, la propuesta invita a los municipios a adherir e incorporar criterios de prevención en sus códigos de edificación y en las normas de planeamiento urbano, tanto para infraestructuras públicas como privadas.
La salud mental suma otros planteos en la Legislatura
Además del proyecto de Morales, la Legislatura de Río Negro recibió esta semana una iniciativa impulsada por Juan Cides y Lorena Yensen vinculada a la modificación de la Ley de Salud Mental 2440.
La propuesta de los legisladores de JSRN busca fortalecer la atención comunitaria mediante la capacitación de los equipos de salud, una mayor coordinación entre organismos y la creación de un Observatorio Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, destinado a reunir y analizar información sobre la situación en la provincia.
También plantea reducir de forma progresiva las camas monovalentes —dispositivos de internación especializada regulados como último recurso por la Ley Provincial Nº 2440— y reemplazarlas por alternativas comunitarias como casas de medio camino, viviendas asistidas y centros de día.
En paralelo, el Ministerio de Salud pidió una prórroga para responder al pedido de informes que hace más de un mes presentaron nueve legisladores sobre el estado de los servicios de salud mental en Cipolletti, con datos presupuestales, cantidad de profesionales, tiempos de espera y cobertura de los centros de atención primaria (CAPS).