Río Negro se endeuda por US$80 millones: la oposición quiere saber quiénes cobrarán las obras

El Gobierno de Río Negro avanza con un crédito de 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar obras de infraestructura productiva, pero la oposición exige que se transparente quiénes serán los beneficiarios directos de esas inversiones.

El pedido de informes fue presentado por la legisladora Magdalena Odarda, junto al presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y los legisladores Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich, integrantes de esa bancada y de PJ-Nuevo Encuentro.

La iniciativa apunta a las obras de electrificación rural, ampliación de áreas bajo riego y extensión de infraestructura productiva. Los legisladores quieren que el Ejecutivo identifique a los propietarios de los terrenos alcanzados, detalle la superficie de cada establecimiento y precise qué actividades productivas desarrollan.

El reclamo de fondo: ¿quién paga y quién gana?

El eje del planteo es determinar si las obras financiadas con endeudamiento público van a valorizar tierras privadas sin que exista una contraprestación para la sociedad que afrontará el costo del crédito.

“Nadie se opone a que Río Negro invierta en infraestructura productiva. Lo que queremos saber es algo mucho más básico: quiénes se van a beneficiar con este crédito y cuánto van a ganar gracias a una obra que vamos a pagar entre todos los rionegrinos”, sostuvo Berros.

El legislador advirtió sobre el riesgo de que los beneficios económicos se concentren en un grupo reducido de propietarios. “Si el Estado pone la plata y los privados se quedan con la valorización de sus tierras, es razonable preguntar quiénes son, cuánto reciben y qué aportan a cambio”, afirmó.

Odarda: “Tierras concretas, propietarios concretos”

Odarda también reclamó que el Gobierno transparente el listado de beneficiarios directos y permita evaluar el impacto económico de las inversiones.

“No estamos hablando solamente de kilómetros de tendido eléctrico o de hectáreas bajo riego: estamos hablando de tierras concretas, propietarios concretos y de una valorización económica concreta que puede producirse a partir de una inversión pública millonaria”, señaló.

La legisladora puso el foco en el plazo de pago del endeudamiento. “Durante 25 años generaciones de rionegrinos pagarán un crédito en dólares que necesitamos saber a quién beneficiará de manera directa”, sostuvo.

Además de la identificación de los propietarios, el pedido de informes solicita precisiones sobre la existencia de mecanismos de reintegro por parte de los privados y sobre cómo se compensaría la eventual renta extraordinaria generada por las obras. También busca conocer qué criterios de prioridad se aplicarán para incluir a pequeños y medianos productores, familias rurales y productores de la provincia.

Desde Vamos con Todos plantearon que, si una inversión estatal aumenta significativamente el valor de una propiedad privada, debe discutirse cómo recuperar para la sociedad una parte de ese beneficio.

“Si una obra pública aumenta significativamente el valor de una propiedad privada, hay que discutir también cómo vuelve parte de ese beneficio a la sociedad que financió la obra. No sería aceptable que las ganancias sean privadas y la deuda pública”, remarcaron desde el bloque.

La oposición aclaró que su planteo no apunta a rechazar la inversión en infraestructura productiva, sino a exigir transparencia sobre el destino del crédito y la distribución de sus beneficios. El reclamo central es que el Ejecutivo informe quiénes recibirán las mejoras, qué ventajas económicas podrían obtener y si existe algún mecanismo para que parte de esos beneficios retorne a las arcas provinciales.