Río Negro se queda con las rutas 22 y 151: qué implica el traspaso que aprobó la Legislatura

La Legislatura de Río Negro ratificó el convenio que transfiere a la provincia la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151 por los próximos 20 años. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y firmada con el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, obtuvo 38 votos afirmativos y 3 negativos en única vuelta. El traspaso, que incluye una declaración de emergencia vial por un año y un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares, busca dar respuesta a un reclamo histórico por el estado de las trazas.

Qué establece el convenio

Con la aprobación, la Dirección de Vialidad Rionegrina asumirá la operación de ambos corredores, aunque la provincia no pierde la jurisdicción ni el dominio federal de las rutas. El texto declara la emergencia vial provincial por el término de un año en toda la extensión de las rutas 22 y 151 dentro del territorio rionegrino, lo que habilita a la autoridad de aplicación a realizar contrataciones directas de urgencia para obras y mantenimiento.

Para financiar el programa de obras en los tramos más críticos, el Ejecutivo quedó autorizado a contraer un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares con el organismo FONPLATA u otra entidad de financiamiento multilateral. El legislador Carlos Valeri (JSRN), miembro informante, detalló que las obras de urgencia abarcan 305 kilómetros y que el plan inmediato prioriza cuatro puntos: la rotonda de Choele Choel, el tramo de la ruta 151 desde Barda del Medio hasta Catriel, la zona del puente 83 sobre la ruta 22 y un nuevo puente ferroviario en el ingreso a Cipolletti.

El debate legislativo

La sesión expuso posturas encontradas. Desde la oposición, Leandro García (PJ-NE) consideró que la transferencia de competencias sin recursos “consolida una estafa a los rionegrinos” y criticó que la provincia deba endeudarse en dólares mientras la Nación retiene fondos del impuesto a los combustibles. Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) denunció que el oficialismo acompañó reformas de ajuste a cambio de promesas de obras que nunca se ejecutaron y reclamó que la provincia inicie acciones judiciales por los recursos de coparticipación.

Gabriela Picotti, que votó a favor en general, advirtió sobre la falta de precisiones técnicas del préstamo y calificó las contrataciones directas como “un cheque en blanco”. En tanto, Ariel Bernatene (UCR) exigió que la planificación priorice el tramo General Roca-Allen, donde circulan más de 11.000 vehículos por día y el transporte pesado hacia Vaca Muerta representa el 38% del tránsito.

El oficialismo defendió la medida como un paso hacia la autonomía provincial. Facundo López, presidente del bloque de JSRN, sostuvo que el financiamiento está respaldado por las regalías hidrocarburíferas dolarizadas y remarcó que el convenio incluye un artículo de recupero de inversión ante futuros concesionarios o el propio Estado nacional. La legisladora Soraya Yauhar comparó la situación con el Plan Castelo y aseguró que los temores por el endeudamiento fueron infundados.

Más allá de las diferencias, la mayoría coincidió en la gravedad de la situación: según datos citados por Valeri, el estado de las rutas 22 y 151 costó la vida de 212 personas entre 2018 y 2026. El traspaso, que se hará efectivo en un plazo de 60 días tras la entrega de las trazas saneadas por Nación, busca revertir años de desinversión y poner fin a una emergencia que ya es considerada humanitaria.