Río Negro se saca de encima una deuda millonaria: qué tuvo que entregar a cambio

El Gobierno provincial formalizó un acuerdo con la Nación que le permite postergar hasta el año próximo el pago del adelanto de $120.000 millones (unos US$ 87 millones al momento de la operación), un alivio financiero que llegó con una contraprestación: la Provincia retiró la demanda que había presentado contra el Estado nacional por el FONID.

El crédito había sido cedido desde abril y, según lo pactado originalmente, debía reintegrarse en este segundo semestre, con cancelaciones a partir de agosto. La administración de Alberto Weretilneck gestionó una renegociación que cambió el calendario y el monto.

Los números del acuerdo

La operación parte de una deuda reconocida por Río Negro con Nación de $124.343 millones (unos US$ 81 millones, según cotización actual del BNA), a partir del adelanto de $120.000 millones transferido desde abril.

A su vez, el Estado nacional reconoció obligaciones a favor de la Provincia por $18.291 millones (casi US$ 12 millones), lo que arrojó un saldo final a favor de la Nación por $106.052 millones (cerca de US$ 70 millones).

Una parte de lo adeudado se abonará en el último trimestre. En octubre y noviembre, Río Negro pagará dos cuotas mensuales por un total de $36.000 millones (US$ 23,5 millones), mientras que otros $4.265,7 millones (US$ 2,8 millones) se cancelarán el último día hábil de diciembre.

El saldo final de $65.786,6 millones (unos US$ 44,3 millones) se cancelará en siete cuotas mensuales durante 2027, con el primer pago el último día hábil de junio. Se le aplicará una tasa nominal del 15%.

El costo judicial de la tregua

La compensación financiera tiene una consecuencia directa sobre los reclamos judiciales de la Provincia. Según el convenio, Río Negro “desiste de la acción y del derecho” en la causa iniciada contra el Estado nacional por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En febrero de 2024, el gobierno rionegrino había demandado al ministerio de Economía de la Nación por incumplimiento de sus deberes de financiamiento educativo desde el 1° de enero de ese año, alegando una violación del derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y diversas leyes.

El convenio fue ratificado en la Provincia con el decreto 861/26, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba en todos sus términos el acuerdo firmado con Nación y faculta al ministro de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para instrumentarlo. También dispone comunicar la medida a la Legislatura provincial.

Qué gana la Provincia

Según los fundamentos del decreto, la postergación de la amortización hasta 2027 permite “reducir la presión financiera inmediata sobre la Provincia” y evitar, en el corto plazo, la retención automática de recursos de la coparticipación federal.

El ministerio de Hacienda había logrado el anticipo de Nación por $120.000 millones como una herramienta para atender una situación de iliquidez temporal.

Con la incorporación al régimen y la reprogramación de los vencimientos hacia 2027, el Gobierno provincial reconoce que la obligación pasa a constituir una “operación formal de refinanciación y consolidación de deuda”.

En términos financieros, el acuerdo “no implica una quita que elimine la deuda provincial”. La operación establece una compensación de las obligaciones cruzadas y, sobre el saldo restante, una “reestructuración de los plazos de pago”.

Para las cuentas provinciales, el efecto inmediato es una menor exigencia de fondos durante los últimos meses de 2026, a cambio de trasladar una parte significativa de los compromisos al próximo ejercicio.