Río Negro está escribiendo su propio código penal para adolescentes y la transición ya muestra sus grietas: hay jóvenes con dos fiscales encima y tobilleras electrónicas en pleno funcionamiento. Qué cambia para los chicos que entran al sistema.
La provincia de Río Negro está escribiendo desde cero las reglas con las que juzgará a los menores que cometen delitos. Se trata de un Código Procesal Penal para Adolescentes propio, que busca ordenar un sistema hoy atravesado por la convivencia de dos marcos legales y procesos que se estiran durante años.
La confirmación llegó de boca de Rubén Marín, subsecretario de Legal y Técnica y titular de la Dirección Penal Juvenil dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en diálogo con ANRoca.
El detonante del debate fue un episodio reciente en Roca: un adolescente de 16 años quedó con prisión domiciliaria tras intentar robar una moto a punta de cuchillo. El caso reavivó la pregunta que el abogado penalista Pedro Urra ya había planteado en este medio: ¿con qué herramientas cuenta el Estado para contener a un menor infractor más allá del encierro?
De "juvenil" a "adolescente": el cambio de fondo
El proyecto que redacta la provincia no solo cambia procedimientos: también cambia la forma de nombrar. La nueva normativa adopta la categoría de "adolescente", que abarca hasta los 18 años, y deja atrás el término "juvenil", que podía extenderse hasta los 24 o 25 años.
La decisión se apoya en estudios biopsicosociales sobre el desarrollo cognitivo. "Hay muchos factores que llevaron a un adolescente a cometer esos hechos, con un desarrollo de la psiquis distinto al de una persona de 20 o 21 años", explicó Marín.
Además, el código incorpora la justicia restaurativa y exige que jueces, fiscales, defensores y organismos tengan una especialidad concreta en la materia. La idea de fondo es que un menor sea juzgado con una perspectiva diferenciada de la de un adulto.
La Senaf interviene desde los 14 años
El cambio en la ley nacional ya modificó la rutina de los equipos técnicos en el territorio rionegrino. Marín confirmó que la intervención del organismo arranca a partir de los 14 años.
Cuando un menor es aprehendido, la Senaf actúa de inmediato y lo acompaña mientras espera las directivas fiscales. Según el caso, puede restituirlo a sus progenitores o ingresarlo a un programa de seguimiento si se le formulan cargos.
Los números actuales dan cuenta de la dimensión del trabajo: hoy hay 34 adolescentes con formulación de cargos bajo el régimen penal juvenil en toda la provincia.
De ese total, uno se encuentra en un dispositivo socioeducativo con restricción de libertad. Cinco jóvenes están bajo seguimiento con tobilleras electrónicas, un monitoreo que no restringe la privacidad pero sí controla sus movimientos. El resto permanece contenido bajo el programa de Libertad Asistida.
El laberinto de la transición
Uno de los mayores dolores de cabeza para la Justicia rionegrina es la convivencia del viejo sistema tutelar (Ley 2278) con la nueva normativa. Esa superposición genera procesos sumamente prolongados.
Marín lo graficó con casos reales: existen expedientes de personas que hoy tienen 19 o 20 años, cometieron un nuevo delito, pero siguen bajo investigación por un hecho que protagonizaron cuando tenían 16.
El resultado es que enfrentan causas simultáneas bajo ambas perspectivas legales. En el extremo, llegan a tener dos fiscales investigándolos al mismo tiempo —uno en el fuero de menores y otro en el de mayores— y dos defensores distintos.
Protocolo y trabajo en red
Para ordenar ese escenario, la Senaf ya desarrolló un protocolo de actuación articulado con las áreas de salud, seguridad, justicia y policía, por mandato de su titular, Silbana Cullumilla.
Según el funcionario, contar con un código de procedimientos propio les dará un "norte certero" a todos los actores involucrados para saber cómo actuar frente al delito adolescente.
El organismo proteccional sigue operando en paralelo al sistema judicial para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y los vínculos familiares, e informa periódicamente a los jueces sobre los avances de cada joven.
El desafío inmediato, concluyó Marín, será proyectar la readecuación de los cinco programas hoy vigentes y consolidar los equipos interdisciplinarios una vez que el flamante código procesal y el protocolo entren en plena aplicación en Río Negro.
