Río Negro ya aplica la ley que puede mandar a prisión a chicos desde los 14, pero nadie sabe dónde los van a alojar

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia el 5 de septiembre y desde entonces los adolescentes de 14 años en adelante son punibles en todo el país. En Río Negro, la aplicación de la Ley 27801 quedó envuelta en dudas: no hay lugares de detención adecuados, faltan jueces y fiscales especializados y la provincia arrastra una ley de justicia juvenil que nunca se aplicó del todo.

Hasta el mes pasado, los menores de 16 eran inimputables. Con la reforma, los chicos de entre 14 y 16 años podrán ser imputados, procesados y condenados bajo el Código Penal, algo que antes solo alcanzaba a los adolescentes de 16 a 18.

El defensor oficial del fuero penal en Roca, Juan Pablo Chirinos, respaldó la necesidad de la reforma: “La ley anterior era de la época del proceso (dictadura militar), claramente estaba desfasada”, dijo. Pero fue tajante con la baja de la edad de imputabilidad: “Entiendo que es un problema”.

Para Chirinos, el delito juvenil en Río Negro no es una problemática tan grande como para justificar un cambio de paradigma de este tipo. Y apuntó contra la falta de estructura: “Es una ley que diseña institutos y exige a las instituciones colaterales al Poder Judicial una superestructura que hoy no tenemos”. Mencionó los supervisores, los lugares de detención y los programas de tratamiento que, según evaluó, “muy probablemente no se puedan hacer” en la práctica.

El defensor también advirtió que la norma choca con el sistema procesal penal de Río Negro, donde la responsabilidad no recae en los jueces sino en las partes. Y recordó que la provincia tiene una ley de justicia juvenil que nunca se aplicó por completo. “Me da mucha incertidumbre no saber cómo se va a implementar”, confesó.

La mirada de los que avalan la reforma

El abogado y exfiscal de Bariloche Martín Govetto no tiene dudas sobre la aplicación: “El nuevo régimen penal es para todo el país, no podemos elegir no aplicarla”. Para él, la reforma era imprescindible porque la ley anterior era de la dictadura. Destacó como aspectos positivos que la norma es “mucho más completa”, exige especialidad de funcionarios y magistrados, y le da “un rol preponderante a la víctima, que en muchos casos quedaba por fuera del sistema penal”.

Govetto también subrayó un límite que considera importante: la nueva ley prohíbe la prisión o reclusión perpetua para menores. “Nosotros teníamos personas que fueron condenadas siendo menores a prisión perpetua”, recordó. Y dejó abierta una pregunta central: “¿Si la baja de la edad de la imputabilidad es un avance o no? Es una discusión muy grande”.

El rechazo de los organismos de derechos humanos

La abogada Ana Calafat, del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, calificó la ley como “inconstitucional” y sostuvo que “expande el poder punitivo sobre los niñxs en un momento en que necesitan protección y promoción de sus derechos”. Pidió que la provincia diseñe un sistema procesal acorde a su realidad y advirtió: “Será un error grave intentar su inmediata aplicación porque no estamos preparados ni contamos con los dispositivos necesarios”.

El exjuez Rubén Marigo, de la APDH Bariloche, fue en la misma línea: “La baja de la edad de la imputabilidad es totalmente regresiva”. Para él, la reforma responde a “una postura punitivista, la mano dura”, y no están dadas las condiciones para aplicarla. Puso el foco en el penal 3 de Bariloche, con superpoblación de internos adultos y “una clara violación a los derechos humanos”: “¿Te imaginás lo que va a pasar con los menores?”, preguntó.

Marigo reclamó un Código Procesal Penal específico para adolescentes punibles y lugares de detención adecuados. “¿Cómo van a garantizar que los chicos procesados no estén junto a los condenados?”, planteó. También cuestionó la contradicción de un sistema que no deja a los adolescentes trabajar, votar o casarse hasta los 16, pero desde los 14 “pueden ser penados”. Y disparó contra el monitoreo electrónico que prevé la ley: “¿Cómo hace un chico para ir a la escuela con una tobillera electrónica?”.

Los pibes, casi sin información

Luciana, Teo y Juli escucharon hablar de la reforma, pero sin demasiada profundidad. Luciana y Teo tienen 17 años y cursan quinto en secundarios públicos de Bariloche; Juli tiene 15 y va a un colegio privado. Ema, de 15, estudia en una escuela técnica y dijo que allí no trataron el tema.

“En la escuela nos habló una profesora de Ciudadanía”, contó Luciana. La docente les explicó que bajaba la edad de imputabilidad y que no hay un lugar para detener a los jóvenes en Bariloche. Teo, en cambio, se mostró de acuerdo con la medida: “Aislás de la sociedad a gente peligrosa”. Y agregó: “Me parece raro que un juez pueda frenar estas cosas”.

Juli opinó que a los 15 es “totalmente consciente” de lo que hace y que no le parece mal que puedan castigarlos. “Quizás recibir una penalización puede ayudar a que esos mismos chicos dejen de tomar malas decisiones en un futuro”, evaluó.

El diario Río Negro intentó obtener opiniones del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y del Colegio de Abogados de Bariloche, pero ninguno respondió.